El gobierno de Córdoba lanzó un “paquetazo” para enfrentar la “grave crisis fiscal”.

El “paquetazo” consiste en un aumento de las alícuotas de ingresos brutos para la industria y el comercio, que será trasladado a los precios. La medida, que en total proveería 550 millones de pesos anuales, generó el rechazo de las cámaras empresariales, encabezadas por la Unión Industrial de Córdoba, una aliada del gobierno. Por otro lado se ha establecido un aumento de los aportes de los propietarios rurales al Fondo de Desarrollo Agropecuario por 100 millones de pesos. Schiaretti, de todos modos, mantiene las exenciones impositivas fijadas en convenios con las terminales automotrices.

Las otras medidas tienen que ver con la Caja de Jubilaciones. El gobierno pretende un recorte del 22 al 27% a las jubilaciones mayores de 5.000 pesos (bruto), lo que afecta al 13% de los actuales jubilados. Los más afectados son los magistrados (82%), jubilados de Epec (52%), del Banco de Córdoba (46%) y de la Municipalidad de Córdoba (25,5%). Con esto pretende obtener otros 300 millones.

La otra medida es la modificación del cálculo del haber jubilatorio, sustituyendo los salarios del año de cese laboral por un promedio de los últimos cuatro años, lo cual reduce la jubilación, su desenganche de los salarios corrientes y liquida la actualización automática y el 82% móvil.

Terremoto político

El anuncio de las medidas provocó una reacción inmediata de los trabajadores de Luz y Fuerza, que impusieron un paro de hecho desde hace 10 días. La acción de los lucifuercistas generó el paro general de todos los estatales y municipales del miércoles 23 acompañado de una multitudinaria movilización.

El gobierno prometió a las direcciones sindicales no aprobar nada sin un debate previo. En realidad quiere ganar tiempo porque ha estallado una crisis en su propio bloque. Por un lado, dos legisladores kirchneristas (suplentes) adelantaron su voto negativo, por lo cual la actual secretaria de Medio Ambiente ha retomado su condición de diputada.

El otro ‘peligro’ es dejar en manos del vice Campana un desempate: aunque Campana mantuvo en todo el conflicto del agro un acuerdo con Schiaretti, no es un hombre de confianza del gobernador. Podría convertirse en un Cobos.

La otra crisis viene del lado del delasotismo. Tres de sus voceros han puesto condiciones a su voto.

La oposición

El proyecto del gobierno ha servido para hacer reaparecer a la oposición.

El juecismo y el radicalismo ven la oportunidad de reflotar su papel opositor en vistas a 2009 y por eso reclaman el retiro del proyecto de ley, aunque se trate de una impostura: Ortiz Pellegrini (presidente del bloque del Frente Cívico) fue el fiscal de Estado que firmó el decreto 1777 de Mestre que recortó un 18% las jubilaciones.

El único sector que decidió aceptar “patrióticamente” el paquetazo fueron las entidades del agro. Los 100 millones para el Fondo de Desarrollo Agropecuario están directamente destinado a obras en el sector: caminos, infraestructura, etc. (ahí también va un 68% del inmobiliario rural). Las entidades agrarias no quieren hacer olas.

Si les calcularan el impuesto inmobiliario rural de acuerdo con los valores de mercado tendrían que pagar cerca de 3.300 millones de pesos; en el presupuesto de 2008, se prevé un ingreso por el inmobiliario rural de 54 millones… Si a esto le sumamos ingresos brutos, del cual están exentos, tendrían que pagar 200 millones más. De esto la oposición no dice ni mu.

Lucha y deliberación

El “paquetazo” sólo puede ser frenado si se declara una lucha abierta por su derogación, o sea la huelga general hasta su retiro.