Cinco mil policías misioneros pararon y mil de ellos se acuartelaron -sobre un total de 6.500 efectivos- para exigir un aumento que lleve el sueldo básico a 2 mil pesos, lo que daría un salario de bolsillo de aproximadamente 4 mil pesos. Hoy, el sueldo de bolsillo de los agentes ronda los 2.500 pesos mensuales. También reclaman su derecho a la sindicalización y la reincorporación de algunos de sus compañeros dados de baja el año pasado, precisamente por tratar de organizar un sindicato.

Producto del conflicto, el gobernador, Mariano Closs, destituyó al jefe de policía, Benjamín Roa, y designó en su lugar al comisario general Jorge Munaretto, mientras convocaba a retirados para usarlos de rompehuelgas (función que ya cumplía Gendarmería). En ese momento, el conflicto mantenía paralizada la actividad comercial y financiera en la provincia, sencillamente porque los bancos cerraron sus puertas ante la falta de custodia. Tampoco se habían podido pagar, por la misma razón, los sueldos de febrero. Al mismo tiempo, la huelga se extendía a casi todo el interior provincial, especialmente a Eldorado, Iguazú, San Javier, Apóstoles, Jardín América, San Pedro y Oberá, donde se sucedían las asambleas.

El abogado de los acuartelados, Marcelo Rodríguez, informó que la adhesión a la huelga estaba cerca del 100 por ciento. Todos paran, añadió, “salvo un pequeño grupo que según algunos informes que tenemos pertenecen al Grupo de Operaciones Especiales”. Es decir, a la fuerza de choque de la policía provincial.

Poco antes de que el gobernador lo echara, el ex jefe, Benjamín Roa, dijo que la demanda salarial de los agentes podía negociarse, pero rechazó tajantemente cualquier posibilidad de permitir la constitución de un sindicato de policías.

Por su parte, en un petitorio dirigido a Closs, los huelguistas señalaron que se sienten amparados “por el derecho constitucional de huelga y al reclamo de mejores condiciones salariales”. En ese mismo texto, demandan “el blanqueo de todas las sumas no remunerativas” y el “descongelamiento de las jubilaciones”.

Cuestión de fondo

“El reclamo de sindicalización policial genera controversias en el oficialismo: el Ministerio de Trabajo cuestiona el proyecto y (Héctor) Recalde lo respalda” (BAE, 10/4/11). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OIT recomiendan la creación de sindicatos policiales, aunque lo dejan al criterio de cada país. En principio, ya hay un pedido en ese sentido, el de la Asociación Sindical Profesional de la Seguridad de la Policía de Neuquén, que solicita personería gremial. Hay sobre eso un primer dictamen del Ministerio de Trabajo, que califica de “impensable” la aplicación a la policía del artículo 5 de la Ley de Asociaciones Sindicales que otorga “el derecho de huelga, el derecho a negociar colectivamente y a tomar medidas de acción sindical” (ídem).

También pide su reconocimiento la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (Fasipp). El título de su presentación al Ministerio de Trabajo dice: “La inseguridad tiene solución si se respetan los derechos de los trabajadores policiales’’. Ahora bien, ellos, como Recalde, señalan que su sindicalización debe tener límites. Piden que “los legisladores traten el proyecto de ley, establezcan un marco regulatorio para determinar los límites del sindicato”. El secretario general es Miguel Reynoso, un comisario inspector retirado de la Bonaerense.

Ahora bien: lo que proponen Recalde y Reynoso no es un sindicato sino un organismo de mediación entre el Estado y la base de la fuerza.