Políticas

10/4/2003|796

Ibarra y Macri quieren liquidar a los cartoneros

El proceso licitatorio de la recolección de basura en la ciudad de Buenos Aires revela hasta qué punto los candidatos patronales a las elecciones del 8 de junio son meros gestores de la “patria contratista”. El gobierno de Ibarra ha presentado un “pliego” que otorga la limpieza de los espacios verdes a los contratistas privados de la basura. También les entrega a éstos la recolección diferenciada de residuos, actividad que hasta ahora venían desarrollando los cartoneros. Las contratistas deberán habilitar plantas de separación y reciclado en cada una de las zonas a adjudicar. Por su parte, el municipio se reserva “hasta el 33%” de la superficie de cada zona para las “cooperativas de recolectores informales”. En buen romance: a los cartoneros les estará vedado actuar en las dos terceras partes de las zonas concesionadas. Pero los concesionarios podrán incorporar “cooperativas y ONGs a los trabajos de las plantas de separación”. Al tiempo que se los proscribe de la recolección callejera, los cartoneros serán obligados a trabajar bajo la sujeción, pero sin revistar como trabajadores formales, de los concesionarios capitalistas de la basura.


 


“Area limpia”


La nueva licitación reemplaza al actual sistema de pago a los contratistas – que cotizan por kilo de basura – por el criterio de “área limpia”, es decir, de acuerdo a la superficie “atendida”. El gobierno fundamenta este cambio en las corruptelas producidas en el pesaje de la basura. Nada indica, sin embargo, que el nuevo sistema suprima el negociado, sino que creará otro aun mayor. En primer lugar, el nuevo “criterio” se aplicará en medio de una caída vertiginosa del volumen de basura. El sistema de “área limpia” independiza los ingresos del concesionario de los vaivenes en el volumen de basura recogida. Un funcionario de la Municipalidad de San Isidro – donde se aplica este “criterio” desde hace años – señala: “Si renegociáramos el contrato hoy quizá nos convendría pagar por tonelada, porque la mitad de la basura la levantan los cartoneros” (La Nación, 19/1). Pero, adicionalmente, el pliego plantea un sistema de auditoría privada de la tarea de los concesionarios… a cargo de empresas contratadas por ellos mismos.


 


El significado


La privatización de la limpieza de la ciudad – su servicio más importante, luego de la educación y la salud – beneficia a los Roggio y Macri. Pero esta privatización deja afuera la etapa más importante – y costosa – del ciclo de la basura: la disposición final de los residuos. Esta actividad se encuentra en completo colapso, ya que los actuales centros de disposición del conurbano bonaerense están saturados. Por ese motivo, Techint – contratista de las obras del Ceamse – acaba de abandonar esa concesión. El Estado municipal – junto a los del conurbano bonaerense – tendrá que hacerse cargo del “default” del Ceamse, o sea de los platos rotos. Estamos, en definitiva, ante un operativo de salvataje de la patria contratista, a costa de los contribuyentes de la ciudad.


 


Basura y crisis política


La “ley de emergencia en higiene urbana” – sancionada por la Legislatura a fines de 2002 – “formalizó” la actividad de los cartoneros – con registro, carnet, etc. – , pero habilitó al mismo tiempo a “modificar los términos de la futura licitación de residuos”, legalizando, por lo tanto, el nuevo pliego que restringe brutalmente la actividad de los propios cartoneros.


La audiencia pública que inauguraba el proceso licitatorio fue postergada por la Justicia. Agentes de las propias contratistas presionaron por esta suspensión, ya que pretenden imponer condiciones aún más leoninas en los pliegos. Entre otras, protestan por la cláusula licitatoria que obliga a mantener “al personal de la empresa que antes tenía la concesión” (Ambito, 3/2), es decir que reclaman que el nuevo contrato sea la ocasión para implementar despidos. Los pulpos que hoy no están en el negocio – entre ellos Macri (Manliba) – exigen “que se actualice la flota de camiones” (ídem), para colocarse en pie de igualdad con los actuales concesionarios, entre los que se encuentran Roggio y Pescarmona.


Asimismo, los contratistas consideran un “exceso” que se reserve a los cartoneros la tercera parte del promisorio negocio del reciclado. Como ha señalado un vocero de las empresas, “es necesario el control estricto del flujo de los residuos, su recolección y destino, desvirtuando la discontinuidad en los procesos”, para lo cual se debe “evitar simplemente uniformar el cirujeo, ahora llamado cartoneo” (El Cronista, 16/1). Es decir que apuntan a la eliminación de los cartoneros. Por último, los pulpos reclaman que la licitación abarque un período más prolongado que los cuatro años del pliego actual.


Los Macri (hijo), Béliz o Ibarra son los gestores de Macri (padre), Roggio o Pescarmona. El proceso electoral en la Ciudad – lleno de invocaciones a la “descentralización” y a la “participación ciudadana” – encubre el brutal saqueo de los monopolios.


 


Las propuestas del PO


1. El reparto de las horas de trabajo entre toda la población capacitada.


2. Suspender la vigencia de la libre contratación laboral y estipular compulsivamente la incorporación al trabajo de cinco millones de desocupados.


3. Salario mínimo en el nivel del costo de la canasta familiar.


4. Aumento del ciento por ciento de los salarios.


5. Nacionalización integral de la banca, bajo control de los trabajadores.


6. Que se vayan todos y que gobierne una Asamblea Constituyente que reorganice a Argentina sobre nuevas bases sociales.


7. Unificar las naciones latinoamericanas en una federación con un contenido socialista.