En momentos en que el Partido Obrero y la izquierda se encuentran abocados a completar su legalización en diferentes distritos, la Cámara Nacional Electoral ha descargado un nuevo mazazo a la libertad política. El tribunal acaba de establecer una fecha retroactiva -el 26 de abril- para aceptar la cancelación de la afiliación partidaria a los ciudadanos que desean afiliarse a nuevos partidos. A los partidos que se encuentran en trámite de legalización no se les reconocerán, entonces, las afiliaciones obtenidas en esas condiciones. En las provincias del noroeste o del NEA, donde la asistencia oficial se canjea por afiliaciones, es casi imposible avanzar en la legalización de un nuevo partido sin tramitar la desafiliación del 60 ó 70% de las personas que ya están afiliadas a alguno. La norma que acaba de adoptar la Cámara cancela un número elevado de afiliaciones, lo que impide la obtención de nuevas personerías que ya se encuentran en trámite.

La Cámara aduce que en la fecha citada, el 26 de abril, se cerró el padrón para las próximas elecciones, como si hubiera relación entre una cosa y la otra. Peor es lo que hizo la Presidenta, al deformar el proceso electoral mediante la autorización de colectoras prohibidas por la ley luego de esa misma fecha. Por otra parte, la actualización del padrón es responsabilidad de la propia Cámara electoral y del Ministerio del Interior. Ninguna persona puede ser impedida de su derecho a afiliarse y a formar parte de un partido, ni tampoco el derecho de éste a la personería más allá de los plazos previstos para ese trámite.

El cierre de la inscripción de alianzas para la “interna abierta y obligatoria” es el próximo 15 de junio y diez días después para la presentación de precandidatos. Esa es la fecha que podía considerarse como limite para la legalización de un partido que pretendiera participar del actual proceso electoral. La decisión súbita de la Cámara lo anticipa en casi dos meses.

Con anterioridad a la reforma política, cada nueva afiliación implicaba la baja automática de la afiliación anterior. La “reforma” obligó a un trámite explícito de desafiliación, lo que ya constituye un obstáculo sin fundamento. Ahora, el plazo impuesto por la Cámara protege los padrones de los grandes partidos capitalistas, incluso contra la voluntad de los allí inscriptos.

El Partido Obrero y los otros partidos del Frente de Izquierda apelarán esta nueva medida reaccionaria. Defendemos el derecho a presentar nuevos afiliados en todo momento y a la aceptación de los mismos con la sola presentación de la ficha y, cuando cabe, de la carta de desafiliación.