La ley impositiva de Vidal –aprobada en la madrugada del martes gracias a la colaboración de los bloques peronistas– tiene en sus fundamentos una apreciación que merece ser refutada.

En el mensaje girado los legisladores, el gobierno afirma que la ley es un paso adelante en el “incremento de la progresividad del sistema tributario de la provincia” porque se reducirían los “impuestos distorsivos” (gravamen a la actividad económica) y aumentarían en cambio los impuestos patrimoniales (a la propiedad).

Es falso que el sistema tributario bonaerense esté avanzando hacia un régimen más progresivo. Los grandes terratenientes del campo, que constituyen el sector más enriquecido y parasitario de la provincia, aportan sólo un 2,7% de la recaudación provincial. De hecho, las propiedades rurales quedaron por fuera del revalúo fiscal de 2016 –que, en cambio, sí actualizó las tasaciones de los hogares y terrenos urbanos–, razón por la cual siguen eternamente valuadas muy por debajo de su precio real de mercado. El sector agropecuario incrementó sus ingresos un 125% en 2018, y sin embargo seguirá siendo premiado con otra reducción de lo que pagan por Ingresos Brutos, de 1,5% a un 0,75%, para quedar completamente exento en 2020. Mientras tanto, el impuesto inmobiliario urbano y a los automotores, que pagan las familias trabajadoras, aumentaron por encima del 35%.

El esquema de reducción de lo que denominan los impuestos distorsivos, como sería el de Ingresos Brutos, fue aprobado con la adhesión al Pacto Fiscal hace un año. En él, ganan todos los capitalistas sin que se haya conocido mejora alguna para el consumidor final, el eslabón débil de la cadena de aumentos inflacionarios. En ese momento, aseguramos que “el planteo de que estas reducciones favorecen a los consumidores es un engaño. Para que este desgravamen redunde en una reducción de precios debería estar acompañado de una apertura de libros contables y de un control de los trabajadores de toda la cadena de producción y comercialización. El ajuste, lejos de una austeridad, es una transferencia de fondos que será embolsada como sobreganancia por el capital” (ver La Legislatura bonaerense se apresta a aprobar el pacto fiscal de Macri y los gobernadores)

El objetivo del gobierno sería “reducir la elevada presión tributaria con el fin de liberar recursos para que sean destinados al sector privado de manera tal de generar empleo genuino”. Pero que una cosa no lleva a la otra es claro, sobre todo porque en un cuadro de aguda recesión lo que abundan son los despidos masivos y los cierres de fábricas, ya sea porque los capitales se vuelcan a la especulación financiera o para arremeter contra las conquistas obreras. Al fin y al cabo, las exenciones impositivas crecieron este año un 25% respecto del 2017 y sin embargo la actividad productiva cayó un 7,2% según cifras oficiales. Para el año entrante, las exenciones aumentarían un 30%.

Todo este esquema de beneficios al capital e impuestazos a los trabajadores contó con el apoyo de los bloques peronistas, que reclamaron poder implementar libremente la misma política en los municipios que gobiernan. En la negociación “unitaria” del PJ y Unidad Ciudadana con Cambiemos, ocupó el primer lugar en sus reclamos la eliminación del tope de 38% para los aumentos de las tasas municipales, que Vidal había fijado en el proyecto de Presupuesto. La unidad peronista muestra, en su apoyo al paquete oficial, su voluntad de candidatearse como una fuerza política capaz de garantizarle una mayor rentabilidad al capital.

Con todo, la proyección de lo que la provincia recauda está año a año subestimada. En 2018, los recursos fueron un 11% más de lo calculado en el Presupuesto. Esta forma de dibujar los números le permite al gobierno manejar a discreción los fondos. El meollo de la cuestión es contar con un reaseguro para el pago de la deuda, que concentrará el 6,1% del total presupuestado para 2019 (mientras la partida para Salud es de un 5,5%). La situación financiera de la provincia es cada vez más comprometida, al punto que este año la totalidad de los 68.500 millones de pesos de vencimientos serán pagados con nueva deuda, aumentando así una bola de nieve cada vez con mayores intereses (y un 75% en moneda extranjera). Si no fuera por el parasitismo de esta usura, la provincia tendría superávit fiscal.

Lo peor es que todo fue armado en función de un pronóstico de desarrollo económico que no parece fundado. Según el mensaje oficial “la vuelta a la estabilidad y las ventajas de un tipo de cambio más competitivo frente a los socios comerciales contribuirán durante 2019 a dinamizar nuevamente la inversión y la promoción de exportaciones. A su vez, se espera un mayor crecimiento económico de Brasil, socio clave para la venta de manufacturas industriales provistas por la Provincia, entre ellas la producción automotriz”. El triunfo de Bolsonaro –con su pretensión de patear el tablero de acuerdos comerciales regionales–, y la guerra comercial que incluye una carrera devaluatoria de monedas de los países “emergentes”, darán por tierra estas ilusiones más temprano que tarde.

El Frente de Izquierda rechazó este impuestazo, cuyo fin es mantener el plan de beneficios a los capitalistas y garantizar a su vez el pago de la deuda en base al ajuste sobre los salarios, jubilaciones, salud y educación. Defendemos, en oposición, un régimen verdaderamente progresivo de gravámenes al capital y a las grandes fortunas, empezando por la gran propiedad agraria, en lugar de los impuestos al consumo y a la vivienda única. Que solo el FIT rechace de plano este ataque es una muestra, de un lado, del carácter reaccionario de la unidad peronista, y del otro, que solo los trabajadores pueden tener un planteo progresivo de reorganización de la provincia y el país.