El Concejo Deliberante de Olavarría aprobó por mayoría el segundo impuestazo desde que José Eseverri asumió la intendencia en octubre pasado. Lo novedoso de la ordenanza, que aún debe ser aprobada por la Asamblea de Mayores Contribuyentes, es que calcula la tasa por servicios urbanos en relación con la valuación fiscal del inmueble (fijada por la provincia), y no en función de los servicios municipales prestados según la zona (como era en la ordenanza anterior).

El nuevo método fue defendido a capa y espada por su autor intelectual, el concejal Alvarez, un hombre del PI que pertenece al bloque del FpV-PJ, opositor al bloque (también kirchnerista) del intendente (FpV). La mentada “distribución de la riqueza” del kirchnerismo se limita a aumentar las tasas en forma diferencial a la clase media y a los trabajadores. Pero el impuesto a la piedra, que grava la actividad minera, la más importante de la zona, sigue en valores insignificantes. Para los “redistribuidores”, las ganancias de Cerro Negro y Loma Negra son intocables.

No hubo una voz que denunciara al Ejecutivo por aumentar las tasas, mientras los trabajadores municipales cobran sueldos de hambre, ni una que reclamara la apertura de las cuentas del municipio.

El Partido Obrero rechaza el aumento de tas tasas y llama al pueblo de Olavarría a movilizarse, y a organizarse en asambleas barriales para exigir un plan de viviendas populares, las obras de protección del medio ambiente pendientes (planta lixiviadora), la infraestructura vial imprescindible y un sistema de transporte para bajar la taza de accidentes que está entre las más altas de la provincia. Que se abran los libros del municipio y de las grandes empresas, y se financie este plan con un impuestazo a las mineras.