Políticas

25/10/2014

INCAA: Ni cajas negras, ni ajuste


En el último programa de PPT, se reflotaron las viejas denuncias que pesan sobre el manejo discrecional de fondos del Instituto durante “la década ganada”. Los “tercero J” -nombre del artículo que permitía a la presidencia del INCAA asignar fondos para la realización de films sin la mediación de ningún comité de evaluación- permitieron que la gestión de Coscia armara una fabulosa caja negra, entregando fondos para películas que nunca se realizaron. La denuncia de Lanata hizo hincapié en el proyecto de filmar la vida de Juan Pablo II a cargo de Conservation Management, de Fernando Sokolowicz, ex propietario de Página/12 y amigo del kirchnerismo. 


 


 


Corpos y Korpos


 


La elección de Sokolowicz no es casual. Hasta 2011, Patagonik Films del grupo Clarín, secundaba a la productora de Sokolowicz en el ranking de beneficiarios de los subsidios del INCAA. Hoy, es el amigo de los K quien acapara el presupuesto estatal para el fomento del cine a través de fraudes dentro de los marcos de funcionamiento de los comités de evaluación. 


 


Las corruptelas oficiales han dado pie a una campaña de la oposición derechista, que reclama un ajuste integral sobre el régimen de fomento cinematográfico. El lobby de las grandes productoras y multimedios locales aboga por un recorte a la cantidad de películas a producir por año, despidos en el INCAA y aumento de los precios de las entradas en sus salas. 


 


La gestión del INCAA se defiende de los ataques a sus despilfarros planteando que “la plata que distribuimos viene del recupero de la venta de entradas y de un porcentaje de lo que se recauda en la media de publicidad televisiva. O sea, es el mismo sector que a través de una política industrial fomentada por el Estado reinvierte en sí mismo” (Miradas al Sur, 10/10/14).


 


El argumento es totalmente falso, ya que el porcentaje de las entradas que va al fomento los exhibidores se lo cargan al precio de las mismas y, por lo tanto, lo paga el público. A su turno, los gastos que los capitalistas destinan a la publicidad se lo trasladan al precio de los productos que ofertan con ella. 


 


Las denuncias y los actos de corrupción expresan un choque de rapiña, en torno de un presupuesto al que sólo contribuyen los espectadores y los trabajadores. 


 


La gestión kirchnerista ha reforzado los negocios capitalistas en el ámbito de la cultura, con el agravante de imprimirle una mayor manipulación estatal en los contenidos de su producción. 


 


Los intereses de las grandes distribuidoras y exhibidoras multinacionales, así como los de los multimedios locales, no fueron afectados jamás por el gobierno “nacional y popular”. 


 


Con estas alternativas no hay posibilidades para un desarrollo libre de la creación en el medio cinematográfico. El cine requiere, indudablemente, de recursos para su producción, distribución y exhibición. Los fondos de fomento, en lugar de ser solventados por los trabajadores y el público, deben provenir de gravar la renta extraordinaria de la gran industria del cine y ser gestionados por sus realizadores y trabajadores, para ponerlos en manos de los creadores y sus obras y no de los parásitos de la industria cultural.