La justicia civil acaba de ordenar la detención o el procesamiento de cuatro oficiales y soldados, debidamente “marcados” por el tribunal del alto mando, en lo que apunta a ser el procedimiento elegido para “salvar” a mandos que están más arriba aún de los encarcelados, e incluso para liberar oportunamente a estos frente a lo que ya se definen como “pruebas insuficientes” para dictar condenas. “… La investigación se cortó en el grado de subteniente”, sostiene el abogado del oficial inculpado, (lo que) “está inducido por Balza con la connivencia del Gobierno mediante la figura del ministro Oscar Camilión” (La Nación, 28/6).

El fallo del tribunal militar planteó una situación absurda, según la cual (el subteniente involucrado) “Canevaro actuó en la más absoluta soledad y sin el control de sus superiores…el 6 de marzo (día de la muerte de Carrasco)” (Río Negro, 11/5). La línea de que los “jefes no sabían nada” hizo que ni el tribunal militar ni el juez civil llamaran a declarar al general Carlos Alberto Díaz, comandante de la Brigada VI del Ejército, que en un comunicado oficial “identificó” el cuerpo hallado como perteneciente a Omar Carrasco, cuando nadie podía establecer su identidad, sostuvo que el cuerpo “estaba fuera del perímetro del cuartel” cuando estaba adentro y que “no presentaba signos de violencia”, cuando estaba destrozado. El juez no citó a Balza ni a Camilión, ni a los jefes de la unidad en la que se ocultó el cuerpo a lo largo de un mes, tenientes coroneles With y Duret. With firmó de puño y letra “la circular a las fuerzas policiales y de seguridad de todo el país solicitando la captura de Carrasco como desertor”, y es el responsable directo de que el mismo día de la muerte de Omar, la policía provincial preguntara por él en su casa, obviamente “porque desde la guarnición militar se estaba simulando una deserción” (Página 12, 24/4). La orden del generalato de “no pasar del subteniente” se cumplió a rajatabla: el juez Caro no convocó siquiera al capitán Rodolfo Correa “que identificó el cuerpo del soldado a 100 metros de distancia” (Clarín, 4/7), etc., etc., etc.

Lo burdo del fallo ha abierto una crisis: “en los distintos ámbitos de la investigación, alejados de la fiscalía y el juzgado se sostiene que es imposible que un cadáver haya estado un mes en un cuartel y solo cuatro personas lo supieran”. ”Llama la atención que el dictamen del juez haya sido vehementemente rechazado por la querella…los imputados, por los investigadores y hasta por los periodistas” (La Nación, 7/7).

La Multisectorial de Neuquén ha denunciado que “pese a las pruebas, el juzgado no ha tenido definiciones concretas para identificar a los asesinos de Carrasco, por lo que el escepticismo va ganando la conciencia de la ciudadanía…las actitudes dilatorias y vacilantes del juzgado lo muestran más preocupado por cuidar la imagen del Ejército que por proceder…” y reclama a la justicia civil “que se detenga a todas las personas, cualquier sea su rango”, para lograr una investigación “seria y responsable” (Río Negro, 2/7).

Indulto

Esta es, de cualquier modo, sólo la primer parte de la operación de indulto. El Tribunal Oral Federal neuquino “deberá dar sentencia de culpabilidad o no sobre la base de un dictamen endeble, habida cuenta de que éste se sustentó en un solo testimonio”. El fallo del juez “se basó en sospechas, análisis y pericias” (La Nación, 7/7). “Que lo procesen, admitió el abogado defensor del subteniente, pero después hay que ver si lo encuentran culpable” (La Nación, 28/6).