Industria automotriz: El derecho al trabajo se defiende nacionalizando la industria
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Hagamos un gran acto público
La política que las patronales y los gobiernos se han dado para conjurar la crisis automotriz ha fracasado. De los 32.000 trabajadores del sector metalmecánico, 15.000 no están trabajando. Las suspensiones abarcan prácticamente a todos los trabajadores contratados y eventuales, y a un porcentaje importante de los efectivos. Ha caído un 54% la producción y un 38% las ventas.
La burocracia ‘acompaña’
Cuando comenzaron los despidos de los contratados (en Renault), la burocracia del Smata llamó a los trabajadores a aceptarlos para cuidar los puestos efectivos. Luego los dilató al convertirlos en suspensiones hasta el 31 de marzo (con “salarios” del 50%). Ahora, la Renault alargó las suspensiones hasta junio. VW procura que 500 trabajadores (efectivos) se acojan a un “retiro voluntario”, para el resto continuarían las suspensiones.
Iveco ha ido más lejos. Ante las cartas documento de la patronal cancelando los contratos, Omar Dragún (secretario general del Smata) salió a decir que no se podía hacer nada.
El viernes 20, un grupo de trabajadores de Iveco, Gestamp y VW marcharon a la sede del Smata a exigir que “hagan algo” y que convoquen a una asamblea general. Los trabajadores fueron recibidos con un vallado, detrás del cual estaban, además de los burócratas de la directiva, los delegados de Iveco y VW (incluidos los que no responden a la burocracia). Durante un rato, los trabajadores recibieron provocaciones y chicanas, además del silencio de los “opositores”.
Varas, de la UOM, insiste en su proyecto de ley, que establece recursos preventivos de crisis (en la provincia ya hay pedidos 118), aunque estos permitan a las patronales desprenderse con más facilidad de los trabajadores. “Es lo que estamos haciendo”, dijo el secretario de Trabajo en la Comisión de Trabajo de la Legislatura.
Una salida obrera
La situación de la industria automotriz se ha convertido en un problema para la clase obrera en su conjunto, que abarca a mecánicos y metalúrgicos, a contratados y a efectivos.
Corresponde entonces una política que una a los trabajadores. La defensa de los puestos de trabajo y del ingreso de los trabajadores pasa por la prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Si la clase capitalista no puede garantizar el derecho al trabajo ni el patrimonio industrial, es necesario nacionalizar la industria y reconvertirla en función de prioridades populares. Por ejemplo, se necesitan camiones para un plan de obras públicas y de viviendas; se necesitan vehículos para solucionar las calamidades del transporte público.
Una intervención de los trabajadores es la única posibilidad de que esta crisis no se convierta en una catástrofe social. Llamamos a organizar un gran acto público de miles de trabajadores.
