Políticas

18/8/2005|913

Infraestructura para exportadores

Tirando manteca al techo

Basf, Monsanto, Nidera, Bayer, Cropscience, Dow Agro, Syngenta, Profertil, Mosaic, Bunge/Perez Companc, Louis Dreyfus, el Grupo Noble (de capitales chinos), es decir, las principales multinacionales dedicadas a la explotación y exportación de los cereales en el país, iniciaron obras para duplicar el procesamiento de granos, su almacenamiento y los envíos al exterior.


En Santa Fe inauguraron plantas aceiteras. En Puerto San Martín, de procesamiento de soja. En Timbúes, nuevas celdas de almacenamiento y plataformas de camiones, donde operarán diez vehículos por hora. En Ramallo están en construcción más celdas para almacenar 200 mil toneladas de semillas, silos verticales, muelles para carga de granos y subproductos. En marzo de 2006, Dreyfus inaugurará el puerto cerealero en Timbúes. Molinos Río de la Plata empieza la construcción de una estación fluvial que le permitirá embarcar 9 millones y medio de toneladas.


Los monopolios y grupos aceiteros, listos para duplicar ganancias, se preparan para elevar la producción de granos de 83 a 100 millones de toneladas.


¿Quién financia?


Cada reunión de empresarios reclama al Estado más inversión pública. Juan Forn, de Molinos Río de la Plata, dijo en la Uade: “Hay que desarrollar la infraestructura: caminos, ferrocarriles, hidrovías”. La Sociedad Rural pidió al gobierno que exceptúe de retenciones al campo, que se eleve el mínimo no imponible en: impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta y a bienes personales, y, con el aval del secretario de Agricultura de la Nación, solicitó “créditos subsidiados para la ganadería”. En el CAI pidieron inversión en obras públicas; Nicholson, de la UIA, consideró que “el costo del transporte define la viabilidad de los negocios”.


El Estado ya inició en el puerto de Santa Fe, en 2001, obras de ampliación para acceder directamente al río Paraná, en lugar de hacerlo a través del canal de 9 kilómetros.


El gobierno hace rato que da créditos directos a los capitalistas, con tasas subsidiadas y subsidios a través del Banco Ciudad, el Foro Tecnológico (Fontar), el Instituto Pyme, el Fondo Garantía Buenos Aires (Fogara) y otras entidades.


El Estado mismo obtuvo (7/6) un primer crédito del Banco Mundial, de 150 millones de dólares, para mejorar las rutas (la infraestructura); “el 60% del costo de la logística del país es de transporte. El dinero del préstamo será reembolsado en doce años; el garante es el Estado Nacional” (La Nación, 8/6).


Fiat anunció en Córdoba que invertirá 50 millones de dólares en su línea de cajas de velocidad. La provincia le concedió un buen caudal de incentivos fiscales; el Banco de Córdoba un crédito por 25 millones a cancelar a los premios y con una tasa de interés preferencial, y además un subsidio de 4.800.000 de pesos anuales para pagar sueldos de trabajadores que pueden ser tercerizados (La Nación, 16/6).


El gobierno K (La Nación, 8/6) presenta un plan de subsidios fiscales para 47 proyectos industriales (Daimler Chrysler, Molinos Río de la Plata, Repsol YPF, Siderar, Cargill, Aceros Zapla, Envases Misioneros, etc.). El costo para el Tesoro Nacional es de 349 millones de pesos. Estos proyectos prometen dar trabajo a 2.260 personas. Por cada supuesto trabajador, el gobierno pagará entonces 1,5 millón de pesos.


El Plan Maestro Integral de Saneamiento se inició hace como un año, para evitar los desbordes del río Salado, que atraviesa 17 millones de hectáreas de la zona más rica de la provincia de Buenos Aires (girasol, soja, maíz, trigo) y donde se produce el 25% de carnes. Cada inundación deja 600 millones de pesos de pérdidas. Se adjudicó el diseño a la consultora británica Halcrow, quien hizo caja. La obra está en manos de Dyopsa-Pentamar, que no ha cumplido con los plazos. “El problema es que los representantes de la actividad privada no están a la altura de las circunstancias y no invierten, acusó el ministro de Asuntos Agrarios, Raúl Rivara, que es partidario de que el Estado se haga cargo de la obra. El Estado tiene pensado poner, para un primer tramo, 1.500 millones de pesos y financiarlo con un fondo fiduciario con los impuestos a las naftas y al GNC” (La Nación, 23/6).


Es en este cuadro que quien se lleva las enormes ganancias de exportación de granos, aceites y subproductos (más de 12.300 millones de dólares) no es “la Argentina”, ni los trabajadores tercerizados y en negro, sino los parásitos explotadores del país y los usureros internacionales.