Entre los detenidos por el caso Candela hay una depiladora, un carpintero, un albañil, un fletero y un verdulero. Ninguno tiene un solo antecedente penal. Se trataría de personas que, al llegar a edades que van desde los 50 a los 75 años, habrían decidido que se cansaron de trabajar y que se dedicarían, de ahora en más, al delito duro. Y tanto se habrían compenetrado con su nueva vida que durante todo el tiempo que llevan detenidos ni jueces ni policías han logrado quebrarlos: ni uno solo de ellos confesó haber tenido parte en el crimen y mucho menos develó el motivo por el cual secuestraron y asesinaron a la niña. Se han transformado en gente pesada, se ve. Y casi todos tienen abogados de oficio…

Mientras tanto, por debajo se desenvuelve una interna feroz, mafiosa, que involucra a bandas narcotraficantes vinculadas con la Bonaerense y con punteros políticos; pero, sobre todo, se desarrolla sordamente una crisis política entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires.

La “investigación” ha tenido ribetes ridículos, al punto que llegó a convocarse a Manuel Vázquez, un brujo de la barra brava de Estudiantes de La Plata, para que aportara su “sabiduría” en la búsqueda de pistas. Entretanto, las detenciones sólo se sustentan en declaraciones de testigos desconocidos, de identidad reservada, todos ellos buchones de la policía.

Carola Labrador, la madre de la niña, está vinculada con narcotraficantes de Villa Corea protegidos por la policía. De los celulares intervenidos por el caso, una decena pertenecen a policías. Uno de los teléfonos incautados es de un suboficial de la Bonaerense. Un comisario, “El Orejón” Britez, aparece en las escuchas en relación directa con narcos de San Martín, quienes a su vez tenían que ver con la señora Labrador. Cuando la madre de Candela amenazó con hablar de todo eso, le pusieron de abogado a Fernando Burlando, uno de los penalistas más caros del país. Burlando dijo que se acercó al caso por intermedio del cura Julio Grassi, pero fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia dejaron trascender que lo paga el gobierno de Daniel Scioli (La Nación, 10/10).

Ahora, Burlando revela que la nena fue violada poco antes de su asesinato. Ese hecho no surgió de la autopsia, o por lo menos de los informes que se dieron a conocer después del crimen. Es más, todos esos informes aseguraban que eso no había ocurrido ¿Por qué Burlando hace aparecer esto en este momento? De inmediato, Burlando -de múltiples contactos políticos en La Plata- puso énfasis en que el hecho “no tiene que ver con la policía”.

¿A quién intentan proteger?

El expediente secreto

Según informa La Nación (ídem), la Justicia federal tiene abierto un expediente por el caso Candela. Las investigaciones están a cargo de la Secretaría de Inteligencia (SI, ex Side). Esa causa se mantiene en secreto porque el Estado policial argentino permite a los servicios de inteligencia y a los jueces espiar y seguir a las personas sin aviso alguno durante 240 días.

“Igual, Cristina Kirchner conoce el contenido de ese expediente. Es una de las carpetas con las que se propone enfrentar al gobernador” (ídem). Si eso es así, se tiene que no se trata de una investigación judicial sino de una operación de inteligencia, que no se propone esclarecer un crimen sino operar en la interna mafiosa entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires. Es decir, chantajear. En esa situación, sectores de la Bonaerense y de los punteros del PJ amenazan con la “guerra”.

Héctor “Topo” Moreira, uno de los dos únicos detenidos que tienen antecedentes, acusado por la presunta autoría intelectual del crimen de Candela, es un narco de Villa Corea y confidente del comisario general Roberto Castronuovo, superintendente de Investigaciones de la policía provincial.

Moreira, a su vez, delató a Miguel Angel “Mameluco” Villalba, detenido por narcotráfico desde el 10 de agosto. “Mameluco”, al momento de su detención, era candidato a intendente de San Martín en la lista de Alberto Rodríguez Saá. Lo arrestó la Federal, cuando el tipo llegaba a su casa escoltado por dos patrulleros de la Bonaerense.

Por eso hay otra causa, que investiga la protección de la policía provincial a Villalba. Esa causa, para solaz de la Justicia, está en manos del juez federal Juan Manuel Yalj, el monigote que detuvo a Rubén Sobrero y luego admitió que lo había hecho sin pruebas, o con pruebas montadas por la Federal, con lo cual dejó pagando al bocón Aníbal Fernández y le prestó al gobierno un servicio desastroso. Al echarle la culpa a los federales, Yalj admitió que la policía de Cristina Kirchner y Nilda Garré “planta perros” para organizar persecuciones a delegados sindicales combativos.

Scioli, cercado

Los resultados del expediente secreto de la Justicia federal y la Side, en manos de la Presidenta, pueden tener elementos demoledores contra Scioli, derivados sobre todo de las escuchas telefónicas del caso Candela. Posiblemente esos elementos nunca tomen estado judicial ni se ventilen en público, pero servirán para el chantaje contra el gobernador.

El gobierno nacional quiere la remoción del ministro de Seguridad de la provincia, Ricardo Casal, y de su subsecretario Guido Lorenzino, encargado de los vínculos políticos con la policía. Los candidatos K a reemplazarlo son Marcelo Saín, Martín Arias Duval -ex viceministro de León Arslanián- y Cristina Camaño, actual viceministra de Garré. Si lo logran, Scioli perderá el control territorial que hoy le da la Bonaerense.Además, el gran troyano de los K en la provincia, el futuro vicegobernador Gabriel Mariotto, ya empezó a hablar de la seguridad. No es un asunto menor, porque Mariotto tendrá un lugar clave en la Legislatura provincial.

¿Y el esclarecimiento del asesinato de Candela? Eso es lo que menos les importa.