30/04/1998 | 583

Inundados y desocupados exigen medidas contra el hambre y la miseria

Resistencia (27/4) – Con 30.000 evacuados y 15.000 albergados en toda la provincia, la situación —lejos aún de haber llegado a su punto más crítico— no tuvo ni tiene nada de impredecible. En agosto del año pasado, expertos chaqueños se cansaron de alertar que estaban dadas las condiciones para una inundación histórica. Ni falta que hacía: las crecientes de los ríos son anuales, e incluso las crecientes extraordinarias —como la actual— son cíclicas también. Los cambios climáticos producidos por la depredación capitalista de los recursos naturales las hacen todavía más probables. En el sur de la provincia, con algodonales cubiertos por las aguas, la necesidad de las obras de los Bajos Submeridionales se sabe que son impostergables hace décadas.


Una provincia con inundaciones recurrentes, no sólo no tiene defensas adecuadas. Tampoco tiene albergues apropiados para la ocasión. Escuelas que no tienen condiciones sanitarias ni para el ‘dictado normal de las clases’ por carencia de baños y de agua potable, o que si los tienen, están en condiciones tan deplorables que no pueden soportar ahora a decenas de familias.


¿Todos unidos frente a la emergencia?


Eso dicen el gobierno provincial aliancista y los intendentes de Resistencia, Barranqueras, Sáenz Peña y el interior. Pero mientras se multiplican las denuncias por desvío de la ayuda solidaria, en todos los albergues se reclama por falta de comida. Los municipales de Barranqueras no sólo tienen sus casas bajo el agua, les adeudan, además, 2 meses de sueldo. Ni el gobierno provincial, ni las intendencias han dispuesto dinero de los presupuestos para paliar la situación de catástofre. Rozas se limita a ‘gestionar créditos’ para los productores que perdieron sus cosechas; lo cual no deja de formar parte del negocio capitalista.


La inundación ha sacado a la superficie la situación de miseria de las familias desocupadas de Vilelas y Barranqueras, que es la condición de la mayoría de los albergados, poniendo en primer plano la cuestión de su supervivencia. El subsidio de 500 pesos para los desocupados y el inmediato pago de los salarios adeudados están a la orden del día. El Partido Obrero plantea, además, que la distribución de la ayuda solidaria se realice a través de una Comisión de Delegados de cada albergue, con facultad para inspeccionar los depósitos de los hipermercados y confiscar la mercadería necesaria.

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