El actual intendente de la localidad norteña de Embarcación, Alfredo Llaya, es investigado por el juzgado federal número 2 de la provincia. En concreto, la causa debe precisar si brindó infraestructura (camiones y camionetas) para el secuestro de (entre otros) la docente Sylvia Sáez de Vuistaz (septiembre de 1976), quien hasta hoy continúa desaparecida. Además, en esta misma causa está investigado el policía retirado José Arturo Arévalo.

 

Llaya es un asiduo concurrente a los actos que se realizan año tras año en la ciudad de Tartagal en conmemoración del día del ejército. Además, es el principal dirigente del PJ del departamento San Martín.

 

La denuncia surgió por aportes de diferentes testigos en las causas que se vienen desarrollando en la provincia contra los represores. Víctor Hugo Elías, ex preso político y oriundo de Embarcación, denunció en repetidas ocasiones que compañeros suyos afirmaron haber sido trasladados en un “camión Mercedes Benz propiedad de los Llaya. Otra dato de peso es el relato de un testigo que afirma que Alfredo Llaya se jactaba de tener un diploma que le había sido entregado por el ejército (firmado por el mismísimo Antonio Bussi) en agradecimiento a sus servicios prestados en la lucha contra la “subversión”.

 

A pesar de todos estos elementos, la causa solo ha avanzado con una declaración del intendente y de la cual no se conocen detalles. Hace dos años está paralizada y no hay indicios en sentido contrario.

 

Los lazos de la familia Llaya con la dictadura no acaban ahí. Salvador Muñoz, un conocido terrateniente de la zona, y cuñado de Llaya, fue interventor en el pueblo durante la dictadura. Sobre este también pesan numerosos testimonios y acusaciones sobre su activa participación en secuestros. Algunos testigos indican que incluso prestó una finca en la localidad cercana de Colonia San Rosa al ejército para sus acciones represivas. Lamentablemente, hace unos años falleció sin haberse sentado en el banquillo de acusados.

 

Ya en 2008 se solicitó al Concejo Deliberante de Embarcación que separe a Alfredo Llaya hasta tanto se esclarezcan sus responsabilidades en los hechos por lo que se lo acusa. Pero el cuerpo “deliberante” lo protegió, desestimando el pedido.

 

En Salta, en 2016, se logró la primera condena contra un civil  por complicidad empresarial con la dictadura. Fue contra el dueño de la empresa de transporte de pasajeros de larga distancia La Veloz del Norte, Marcos Levín. Pero esto ha sido una excepción. Aunque la  complicidad de las patronales con los genocidas en todo el país ha sido largamente probada, la justicia actúa protegiéndolos en complicidad con los gobiernos de turno.

 

En todo el norte salteño, durante la última dictadura, se produjeron innumerables secuestros  y torturas. Las víctimas fueron activistas sociales, sindicales y políticos.

 

Exigimos la inmediata separación del cargo de Alfredo Llaya y que se reactive la causa.

Justicia para Sylvia Sáez de Vuistaz  y todos los compañeros detenidos desaparecidos en el norte salteño.