La Corte Suprema ha fallado en favor del reclamo de los 15 gobernadores, la mayoría de ellos peronistas, que salieron al cruce de los decretos del gobierno de Macri de eliminación del IVA en una cantidad de productos alimenticios básicos y elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias implementado a los salario. Se trata de las medidas posteriores a las Paso, luego de la megadevaluación que agravó la crisis económica y social resultante de la política fondomonetarista del gobierno.

La iniciativa de los gobernadores tiene un contenido completamente reaccionario, porque cuestiona un limitadísimo paliativo para las masas en función de defender los ingresos por coparticipación que reciben los Estados provinciales. La reacción de los gobernadores tiene como marco el cuadro crítico de las finanzas provinciales, extenuadas por el peso de sus respectivas deudas públicas, por un lado, y desfinanciadas por las exenciones impositivas que se conceden a los capitalistas que operan en cada pago, por el otro. Los tres jueces peronistas de la Corte Suprema le han dado un espaldarazo a esta orientación reaccionaria. 

En la misma línea que actuaron frente a los decretos impositivos, los mandatarios de las provincias petroleras operaron ante el congelamiento de los precios de los combustibles establecido por el macrismo. Se constituyó un frente único reaccionario entre las empresas y los gobernadores, con el objetivo de presionar por la completa liberalización de los precios de los combustibles en los surtidores, motivando al gobierno nacional a habilitar un primer aumento del 4% y dejando en agenda un nuevo aumento del 20%.  

La resolución de la Corte no declara la inconstitucionalidad de los decretos, sino que obliga al Estado nacional a que sea él quien se encargue de absorber la totalidad de los recursos que se dejarán de recaudar como resultado de los decretos. El costo fiscal para las provincias iba a ser de 30.000 millones de pesos; ahora correrá por cuenta exclusiva del fisco nacional. El fallo sale a la luz en el mismo momento en el que -al calor de la recesión- cae la recaudación fiscal con relación a la inflación.

De conjunto, se pone en crisis la posibilidad de que los decretos de Macri se sostengan. El gobierno ha dicho que respetará el fallo, pero este pone en cuestión la posibilidad de que se cumpla con la meta fiscal impuesta por el FMI, que establece un déficit primario equivalente al 0,5% del PBI. Con la carga extra que el Estado nacional tendrá fruto del fallo de la corte, el déficit podría llegar a ascender un 30% por encima del previsto. Esto se suma al anterior incumplimiento del gobierno con el Fondo en materia de emisión monetaria. En este contexto, la chance de que el FMI realice el giro de 5.400 millones de dólares se avizora más improbable que nunca.

Alberto Fernández saludó la decisión de la Corte, en lo que puede transformarse en un boomerang, ya que quien se perfila como el futuro presidente deberá decidir si extiende o no los decretos de Macri. De no hacerlo, debutará tomando una medida claramente antipopular. Pero una extensión de los mismos entra en contradicción con los compromisos con el FMI tomados por el candidato, que suponen por el contrario un ajuste fiscal.

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda-Unidad plantea la anulación de todos los impuestos al consumo y al salario y el establecimiento de un régimen impositivo progresivo, que grave a los capitalistas y a las grandes fortunas; la satisfacción inmediata de los reclamos del frente de lucha de las organizaciones piqueteras; la reapertura de paritarias, aumentos de salarios y jubilaciones de emergencia; el no pago de las usurarias deudas públicas y la ruptura con el FMI.