Políticas

24/9/2015|1382

Jáchal o la Barrick

(Informe: Alicia Rodríguez)


En San Juan reina la incertidumbre. La Justicia acaba de ordenar a la empresa Barrick no utilizar cianuro en la mina de Veladero, donde días atrás se derramaron 224.000 litros de agua con esa sustancia, pero sólo hasta que el perito informe si están dadas todas las garantías. En la misma resolución ordenó finalizar la entrega de agua mineral a las poblaciones en base a un primer muestreo que revelaría que las aguas no estarían contaminadas, a pesar que una misión de las Naciones Unidas recusó ese muestreo, planteando que muchas veces los fenómenos de contaminación no son detectables de manera inmediata y que es necesario un monitoreo que debería durar no menos de sesenta días. Además, la medida judicial de no utilizar cianuro afecta solamente a una planta, siendo que el vaciamiento que podría explicar el accidente -una válvula rota- afecta a toda la gestión de la empresa.


 


Es decir, podríamos estar en presencia de un intento de cierre del conflicto, a pesar de la movilización extraordinaria que se registra en San Juan, donde se movilizaron más de siete mil personas en Jáchal, un tercio de la población de la ciudad y más de 1.000 en la ciudad capital.


 


En ambas movilizaciones -convocadas por las asambleas de Jáchal y la Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo- se pidió el cierre a perpetuidad de Veladero, que Barrick se haga cargo de los trabajadores otorgándoles una indemnización y jubilación de por vida y que el Ministerio de Salud efectúe controles de salud a cada uno de los pobladores.


 


Vaciamiento


 


La válvula que provocó el derrame de cianuro habría estado vencida. Presupuestos de todo orden, incluyendo el vital destinado al mantenimiento y renovación de los equipos, habrían sido brutalmente disminuidos, lo que revelaría un cuadro de vaciamiento, a partir de una crisis en la Barrick que combina el fracaso en la explotación de Pascua Lama, la caída en el precio del oro, un elevado endeudamiento y la dura competencia con otros pulpos mineros. Frente al incidente, la burocracia sindical de la Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma) frente al incidente destacó su propia política de prevención (?) y felicitó al gobierno de San Juan por su preocupación.


 


Contaminación y negocios 


 


Barrick terminó admitiendo que el derrame de cianuro era 14 veces mayor que el que había informado, sino que calificó de “versiones infundadas” las que denunciaban la contaminación del Río Jáchal.


 


Barrick admite hoy un derrame de 224 mil litros de solución con cianuro, pero ¿cuántos incidentes han sido tapados hasta ahora? Algunas hipótesis llevan la cifra de derrame a dos millones de litros.


La Asociación de Viñateros Independientes denunció que la actividad agropecuaria y social de Jáchal fue destruida por la actividad minera y que el gobierno dispone el corte de suministro de agua para la actividad agropecuaria pero jamás para aquella.


 


Su conclusión es que “Barrick gobierna la provincia”.


 


En el año 2014, la minería sanjuanina exportó cerca de 1.200 millones de dólares, pero a la provincia solamente le quedó el 3% en concepto de regalías. Barrick está exenta del pago de impuestos al gasoil, de la tasa de sellos y de la tasa de estadísticas, gracias a la ley de Inversiones Mineras sancionada por Menem, ratificada por De la Rúa y luego por Duhalde y Kirchner. CFK, como portavoz de las mineras, vetó la Ley de Protección de los Glaciares y Periglaciares.


 


Como una mano lava la otra, una parte del negocio lo realizan las empresas que pertenecen a la familia del gobernador, que proveen insumos y servicios.


 


Ni Scioli ni Massa, ni Macri han dicho una palabra sobre el incidente.


 


Planteamos:


 


• Nacionalización de la mina y control de sus trabajadores sobre el conjunto de sus operaciones.


• Auditoría electa por los vecinos para establecer un control de todo el sistema hídrico de San Juan y de las condiciones de salud de los habitantes afectados.


• Derogación de la ley 24.196 de Inversiones Mineras y el Tratado Binacional de Implementación Conjunta argentino-chileno, diseñado a la medida de las patronales mineras.


• Comisiones de trabajadores y vecinos para la gestión ambiental y el control de los planes de remediación y cierre de las explotaciones que cesan su explotación.


• Nacionalización del conjunto de los recursos naturales.