Por primera vez, un alto funcionario civil de la dictadura – el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart (1976/ 1978)-  está procesado y cumple prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad cometidos en el “circuito de Camps”: 29 centros clandestinos de detención en La Plata y sus inmediaciones. Allí, dijo Ramón Camps, fueron asesinadas “más de 5.000 personas”.

Se abre la posibilidad de procesar a los genocidas civiles. Pero, además, la identidad de muchos de ellos prueba que la Iglesia designó a sus hombres en puestos clave de la dictadura. Eso explica que la decisión del juez Federal de La Plata, Arnaldo Corazza, haya desatado una réplica fulminante del aparato judicial-eclesiástico.

Una solicitada en La Nación, firmada por 200 “amigos” de Smart, fue seguida por el pronunciamiento del Colegio de Abogados de la Capital Federal, la Asociación de Abogados Penalistas de Buenos Aires y el Consorcio de Abogados Católicos (que preside el fascista Alberto Solanet).

Días después, La Nación reclamó el cese de “la injusta detención del prestigioso jurista” en un editorial que es una defensa integral del decreto de aniquilamiento de Isabel Perón, del golpe videlista y del genocidio. Omiten, claro, mencionar que Smart está imputado por secuestro y torturas contra el empresario periodístico Jacobo Timerman y por la desaparición del abogado Rodolfo Gutiérrez. Y que la querella pidió la detención de otros ex funcionarios a los que considera “coautores materiales o intelectuales” del secuestro y las torturas a Timerman. Juan María Torino Oliveri, Héctor Munilla Lacasa, Edgardo Frola, Alberto Rodríguez Varela, Roberto Durrieu y Roberto Bullrich fueron vistos por sobrevivientes en los campos de exterminio.

Hombres de misa diaria, participaron, como Von Wernich, de las sesiones de tortura.

Las pruebas son irrefutables porque surgen de sus propias declaraciones: Camps, en su libro “Caso Timerman. Punto Final”, le agradece a cada uno la colaboración en los interrogatorios, confirmando la denuncia de la familia que dice que “había civiles con altos conocimientos jurídicos y contables, que analizaban y preguntaban sobre el contenido de los artículos de La Opinión”. Resentido, el chofer de Etchecolatz, Norberto Cozzani, preguntó durante el juicio a Von Wernich: “¿Es posible que hombres de derecho, ilustres, dignos y con participación activa en aquellos años, como por ejemplo los doctores Durrieu, Smart, Munilla Lacasa, Rodríguez Varela, Saint Jean, Frola, Sánchez Herrera, Marquardt, Salvi, Román, Pérez Resado y otros tantos, ni siquiera nos defiendan en las cuestiones civiles, cuando fueron parte de un todo y tienen claro quién es quién?” (Página/12, 26/7/07). Smart, a fines del ‘76, escribió: “En el Ministerio de Gobierno hemos tenido siempre la necesidad de volcar todos los recursos en la lucha contra la subversión”. “Las publicaciones adictas al gobernador volcaban las declaraciones extraídas bajo tortura en los centros clandestinos de detención”, denuncia Ramos Padilla, abogado de la querella.

El compromiso de la Curia es inocultable: todos los nombrados – y su descendencia-  continúan representándola en cuevas clericales como la Academia de Ciencias Morales y Políticas; la Academia del Derecho o la Comisión Nacional de Etica Biomédica. Son profesores de la Universidad Católica, la Austral o la del Salvador, defensores de genocidas, promotores mediáticos de las campañas clericales por “la reconciliación”, contra los piqueteros (“son organizaciones delictivas”, sostiene Durrieu), el aborto legal, la educación sexual o los homosexuales.

Smart fue ministro de Ibérico Saint Jean, el general que llamó a matar primero “a todos los subversivos, luego a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanezcan indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos”. El “jurista” coincidía: “Todo fue causa de personas… políticos, sacerdotes, periodistas, profesores de todas las categorías de la enseñanza, que en su momento los armaron (a los subversivos) y ahora han dado un paso atrás”, escribió en 1976.

Smart avanzó en la carrera judicial a ritmo castrense: Onganía lo nombró fiscal y, en 1971, Levingston lo designó juez del temible Camarón, la Cámara del Terror creada para juzgar obreros, estudiantes y guerrilleros antidictatoriales. En sólo dos años (1971 a 1973), “la Cámara dictó alrededor de 600 sentencias condenatorias  y se encontraban a la espera de juzgamiento unos 500 terroristas más”, se enorgullece Smart (www.bolson.web, 8/5). En la práctica privada, Smart defendió al policía Samuel Miara, condenado por la apropiación de los mellizos Reggiardo Tolosa, y al general Albano Harguindeguy.

Su socio Durrieu es un activista contra las minorías sexuales y asesor de Blumberg. Rodríguez Varela – ¡de la Academia de Ciencias Morales!-  defendió a Videla en la causa por robo de bebés. Torino fue miembro de Tribunal Federal Nº 1 hasta que en 2004 tuvo que renunciar por coimear a unos narcos. Frola, juez del Camarón, fue años abogado de la Policía Federal y del Ejército. Munilla Lacasa está retirado: su hijo comparte un buffet con Durrieu, integra la dirección del Colegio de Abogados de la Capital y es titular de la UCA.

La corporación judicial está minada de fascistas. En cuanto a la Iglesia, no sólo cogobernó en la dictadura. Recompensó y respalda sin retaceos a quienes fueron sus representantes.