El Senado bonaerense votó la ley de “incorporación de la escuela comunitaria a la educación formal”. Afecta a los jardines comunitarios, que funcionan precariamente en sociedades de fomento, locales de agrupaciones o comedores comunitarios. No integra a los “educadores”, sin embargo, como docentes amparados por el estatuto. Tampoco establece condiciones de título para enseñar y deja el ingreso al trabajo librado a los acuerdos entre las organizaciones sociales que han montado los jardines y el Ejecutivo provincial. La ley establece, en un sentido impreciso, la obligación del Ejecutivo de financiar estos establecimientos, pagar a los educadores un “sueldo digno” y que se capaciten. Se desconoce con qué presupuesto, con qué salarios y cuál será la capacitación a brindar. Se mantiene al sector “comunitario” como una categoría separada de la educación formal, de características ‘flexibles’.

 

Los jardínes comunitarios son una consecuencia de la nula cobertura del Estado a la educación de los niños desde los 45 días. Compensan las escasas vacantes en las salas de 4 y 5 años, cuya prestación estatal es obligatoria en la provincia. Refuerza esta (supuesta) línea pedagógica de “inclusión”, que sustituye la enseñanza básica por el asistencialismo. Las variantes “comunitarias” también han incentivado los esquemas de contratación fuera del estatuto docente y del sistema de actos públicos, como es el trabajo precario de los planes Fines o las “madres cuidadoras”.

 

El proyecto, promovido por el Frente para la Victoria, disfraza de creación “autogestionaria” esta improvisación promovida por funcionarios del Estado. Después de su votación llegó a anunciarse un posible veto de Scioli. Ocurre que legaliza el manejo de los “jardines” por un conjunto de organizaciones K, rivales de Scioli en la interna del FpV. Finalmente, se anunció que una reglamentación posterior dejaría al personal sin título solamente con los niños más chicos hasta 4 años. Pero no se aclara quién seleccionará a ese personal, ni bajo qué condiciones. Este acuerdo entre Scioli y los K absorbe la limitada oferta que “auto-organizaron” los K, sin que ello resuelva, ni por asomo, la necesidad de jardines que tiene la provincia. En la primera etapa del gobierno de Urtubey, este sistema fue puesto en marcha en Salta, a cargo de Barrios de Pie. 

 

El voto del Frente de Izquierda

 

En junio, en oportunidad de su tratamiento en el recinto, Christian Castillo, diputado del Frente de Izquierda, votó a favor de esta ley, en calidad de apoyo “crítico”, alegando que mejoraba las condiciones laborales de los empleados en los jardines comunitarios. Es cierto que éstos pasarían a recibir un sueldo en blanco, pero al mismo tiempo descalificaba la educación y ejercicio de la docencia; violentaba las condiciones establecidas por el estatuto docente -una gigantesca conquista sindical y educativa, que todos los gobiernos han intentado suprimir.

 

Esta posición no fue consensuada en el bloque. El Partido Obrero e Izquierda Socialista nos oponemos a esta ley, porque precariza la educación. El PTS reivindica los programas kirchneristas “autogestionarios” de los barrios. El reciente Plenario Provincial de delegados docentes antiburocráticos, en Berazategui votó unánimemente rechazar la ley precarizadora del FpV.

En esta línea, debemos enfilar toda la iniciativa del Frente de Izquierda.

 

Reclamamos que se establezca un sistema de jardines públicos sobre la base de un relevamiento de toda la población que necesita el acceso a ellos. Ese programa debe absorber a los actuales jardines comunitarios, reconociendo a todos sus trabajadores la antigüedad laboral, titularizando en cargos docentes a los que tienen títulos y en funciones de auxiliar a quienes no lo tengan. Hemos presentado un proyecto al Frente de Izquierda en este sentido.