Luis Picat, intendente de Jesús María, está impulsando en el Concejo Deliberante la Declaración de la Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Social que tendrá un plazo de 120 días. Por medio de dicha ordenanza se establecen “facultades especiales” al Ejecutivo Municipal, otorgándole un cheque en blanco para hacer y deshacer a discreción. De esta manera, Picat se prepara para avanzar en un ajustazo sobre las y los trabajadores municipales y el pueblo trabajador de Jesús María.

La iniciativa oficial se asienta en el argumento de que es necesario disponer de diversos mecanismos para “preservar la salud de los ciudadanos de Jesús María y asistir en la emergencia sanitaria, económica, financiera, administrativa y social”, advirtiendo que no solo se está atravesando por una crisis sanitaria, sino por una crisis económica que afecta las finanzas del municipio. No obstante, el Intendente no ha hecho pública la totalidad de la información financiera del municipio, debido a que pululan los sobresueldos, los cargos políticos innecesarios y los negociados.

Entre los objetivos fijados en el proyecto de ordenanza se destaca el de “equilibrar el flujo de ingresos y egresos municipales”, un eufemismo para proceder al ajustazo y endeudamiento. De hecho, se permite al Intendente tomar créditos bancarios o de cualquier otra naturaleza poniendo como garantía hasta un cinco por ciento de la coparticipación y hasta inmuebles de uso privado municipal. También podrá renegociar deudas y compensaciones con acreedores. Asimismo, se habilita al remate de bienes muebles e inmuebles, mientras que da vía libre para modificar contrataciones de prestaciones de servicios.

El grueso de la ordenanza habilita un mazazo sobre las y los trabajadores municipales. Con plenos poderes, el Intendente puede “disponer las reestructuraciones funcionales del personal municipal, traslados, cambios de dependencias o tareas, eliminación y/o suspensión de reemplazos interinos, modificación de horarios ya sea mediante reducción o desdoblamiento de los mismos, y toda otra medida que juzgue conveniente para la mejor, eficaz y eficiente prestación de los servicios públicos municipales”. Asimismo, se prevé “reducir y/o suspender la autorización de horas extras, el otorgamiento de adicionales no remunerativos y remunerativos generales” y “el pago de todo tipo de suplemento y/o bonificaciones al personal municipal de planta permanente y/o contratados”.

Se trata sin duda de una declaración de guerra contra las y los trabajadores. Ya días atrás el Ejecutivo intentó desconocer el acuerdo salarial firmado en paritarias del mes de marzo y, echando mano de la crisis económica, anunció un recorte de 10% a salarios que superen los $33 mil pesos. La medida no sólo significaba un ataque a trabajadores que no alcanzan la línea de la pobreza, sino que afectaba en particular al personal de salud, de recolección de residuos, de espacios verdes y otros, que hoy se encuentran al frente de la lucha contra la pandemia.

Fue por medio de la organización y la rápida respuesta del combativo Sindicato de Municipales que se logró frenar la disposición, suscribiendo un acta al respecto, que ahora pretende ser desconocida por la patronal. Con esta nueva legislación, Picat busca asegurarse de los medios administrativos necesarios para proceder a un recorte salarial y avanzar en todo un proceso de precarización y flexibilización laboral a las y los municipales, desconociendo derechos esenciales adquiridos.

Atacar a los trabajadores implica debilitar la primera línea de batalla con la que hoy cuentan las y los vecinos de Jesús María para combatir al Covid-19, aquellos trabajadores que garantizar los servicios esenciales para la población. El ataque al salario municipal, lejos de brindar mayor estabilidad económica al municipio, implicará para las y los vecinos una avanzada en el vaciamiento de servicios y prestaciones que ya están fuertemente condicionadas.

La crisis no puede afrontarse con el hambre y la precarización de las y los municipales. Los recursos tienen que venir de los sectores que siempre se han beneficiado y enriquecidos en la ciudad mediante la creación de un impuesto extraordinario, también corresponde una mayor asistencia de la provincia y de la Nación para cubrir sueldos. Esta ciudad es la sede de la Sociedad Rural de Jesús María, que juega un liderazgo en la lucha por defender los intereses más concentrados del campo en la provincia y en el país.

Los trabajadores están reforzando la organización para asegurar que se respete el acuerdo alcanzado en marzo, garantizar los recursos de protección personal, insumos y equipamiento necesarios para todo el personal esencial. Es necesario rechazar los superpoderes a Picat, pues pretende la suma del poder público. Tienen que ser las y los trabajadores y los vecinos quienes definan el destino de los fondos extraordinarios, preservando condiciones laborales y servicios municipales.