El represor Jorge Zorreguieta, ex funcionario de la última dictadura militar y padre de la reina de Holanda (Máxima Zorreguieta), ha muerto en la impunidad.

 

Fue, además, un terrateniente, un patrón de estancia, y desde 1960 dirigente de varias entidades de las patronales agrarias. Entre otros cargos, ocupó una secretaría en Confederaciones Rurales y en la Sociedad Rural, y presidió la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias.

 

Después del golpe terrorista en 1976, fue subsecretario de Agricultura nacional entre 1976 y 1979, y secretario de Agricultura y Ganadería entre 1979 y 1989. Simultáneamente fue presidente de la Junta Nacional de Granos.

 

Zorreguieta, al momento de su muerte, estaba aún bajo investigación del juez federal Daniel Rafecas por su participación en el asesinato de opositores a la dictadura que trabajaban en el área de la Secretaría de Agricultura. En su defensa, este criminal dijo desconocer lo que sucedía en el país en materia represiva durante aquel régimen –argumento absurdo para quien fue secretario de Estado.

 

Por otra parte, antes del golpe el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) empleaba unos 5 mil trabajadores, y por lo menos 794 fueron despedidos por el régimen. Entre ellos hubo detenidos, algunos obligados a renunciar, otros trasladados, algunos asesinados y cuatro permanecen desaparecidos: Marta Sierra, Carlos Alberto Costa Rodríguez, Gustavo Rodolfo Giombini Moser y María José Rapela de Mangone, que estaba embarazada. He ahí la gestión de Zorreguieta en Agricultura.

 

El padre de la reina holandesa fue nombrado subsecretario del área el mismo 24 de marzo de 1976. Cinco días después, el 29, tanques del Ejército entraron en INTA-Castelar, organismo dependiente de la Secretaría en la que estaba Zorreguieta. Casi al mismo tiempo, fuerzas militares irrumpían en la mayoría de las delegaciones del INTA, cuyos predios quedaron ocupados por las tropas. Hubo interrogatorios a personas con los ojos vendados, amenazadas de muerte, y decenas de ellas fueron detenidas y trasladadas a distintos campos de concentración. Uno de los organismos del INTA más afectados fue la Experimental de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, donde hubo 49 despedidos y por lo menos seis detenciones ilegales.

 

“Muchos estuvimos chupados y fuimos torturados. Pero otros nunca volvieron. En Castelar hubo dos compañeros y una mujer que siguen desaparecidos. A ella la fueron a buscar al sanatorio donde había tenido su hijo, con datos que salían de su legajo de empleada del Estado. Los jerarcas nuevos los tenían en la lista que venía hecha desde arriba”, declaró Agustín Moglié, uno de los sobrevivientes de ese plan de “limpieza” en una entrevista con Página 12 .

 

Las víctimas y familiares solicitaron que se investiguen las responsabilidades penales a la luz de la actuación que tuvieron los civiles y, en particular, la Sociedad Rural Argentina, cuyo consejo directivo nacional tuvo un papel determinante en aquella represión contra trabajadores y funcionarios del INTA, organismo que la SRA integra desde su creación en 1956. Desde entonces forma parte de su consejo directivo junto a las otras organizaciones empresarias del campo, Coninagro, CRA y la Federación Agraria. Con el golpe de Estado de 1976 la dirección del organismo fue intervenida por la Armada, pero los delegados de las entidades agropecuarias mantuvieron sus lugares.

 

Esa intervención cívico-militar fue la encargada de perseguir a los técnicos y científicos que no eran afines a la política agropecuaria de José Alfredo Martínez de Hoz. Adquiere relevancia el papel jugado por la SRA y los editoriales del diario La Nación en aquella represión, detrás de la cual aparece la voluntad dictatorial de intensificar el proceso de transferencia de conocimiento y tecnología hacia los sectores privados y agroindustriales más concentrados. La mayor parte de los cesanteados y perseguidos pertenecían a ATE y a la Asociación del Personal del INTA (Apinta). Los archivos de la ex Dipba (Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense) dan cuenta de la presencia de espías en los puestos de trabajo.

 

El represor Zorreguieta fue también titular del Centro Azucarero Argentino (CAA) durante 24 años, hasta 2008, con fuerte presencia en Tucumán. En 2009, el Estado le quitó su jubilación de privilegio en virtud de sus lazos con la dictadura.

 

Zorreguieta murió sin ser procesado, ni condenado, amparado por el Estado.