El 22 de junio se concretó la jornada de lucha autoconvocada de organizaciones de jubilados, en forma presencial, con concentraciones en Córdoba y Rosario, y en forma virtual para el resto de país debido a las condiciones de aislamiento impuestas por la pandemia.

El acto virtual fue seguido por cientos de jubilados de todo el país que reivindicaban en los comentarios el enorme valor de esta iniciativa realizada en el marco de un gran frente autoconvocado de jubilados, con el método de la unidad, del frente único, en momentos en que la jubilación ha quedado enormemente distanciada de todo vínculo con el sueldo equivalente del trabajador activo. La suspensión de la movilidad es un paso determinante en el achatamiento de los ya depreciados haberes jubilatorios.

Intervinieron catorce oradores, pertenecientes al Plenario de Trabajadores Jubilados, a la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, a la Defensoría de la Tercera Edad, a Utjel, Jubilados de Izquierda – Ancla, a la Comisión de Jubilados de Ademys, al Centro de Jubilados de ATE (Neuquén), a Jubilados MTR 12 de Abril, a Jubilados Autoconvocados Docentes por el 82% móvil (Chaco), a la Mesa de Jubilados de Villa General Belgrano, a la AGD-UBA y, desde las movilizaciones, la Asociación de Jubilados Autoconvocados Provinciales y la Asociación Norma Pla de Córdoba y la Comisión de Jubilados de Amsafe en Rosario.

La jornada y las intervenciones han sido un paso adelante en la lucha contra la suspensión de la movilidad jubilatoria impuesta por el gobierno de Alberto Fernández en diciembre de 2019 y ratificada por un nuevo DNU.

Se reivindicaron las presentaciones del amparo colectivo por parte de la Defensoría de la Tercera Edad y la realización de juicios junto a la lucha activa de los jubilados y de los trabajadores.

En el acto se desarrolló la defensa del 82% móvil, la mínima de 45.020 pesos (valor de la canasta familiar de un jubilado), de las cajas provinciales y los regímenes especiales que pretenden ser armonizados con la Anses en una caja única, llevando a la jubilación al valor de un bono a la ancianidad. Se incorporó el reclamo por Rentas Vitalicias, que cobran miseria.

Se planteó la denuncia de cómo durante los sucesivos gobiernos, desde Menem, que privatizó los fondos creando las Afjp, pasando por los Kirchner, Macri y Fernández, la política que se lleva adelante respecto a los jubilados y pensionados es considerarlos un gasto, mientras se usan los fondos para subvencionar al capital.

Esto viene ocurriendo desde la conquista misma de las jubilaciones y ocurre en este momento, en que a través de los ATP se pagan los sueldos en miles de empresas con el cuento de la crisis.

“Los verdaderamente expropiados son los jubilados, mientras se exime de aportes jubilatorios a las empresas y se las subsidia con el pago de los sueldos, se le reconoce una jubilación de privilegio de 350.000 pesos y una deuda de 20 millones a Boudou, y las industrias esenciales, que vienen trabajando a toda su capacidad durante la cuarentena, evaden 400 mil millones de pesos de aportes patronales a la Anses”, dijo Nora Biaggio.

Todas las intervenciones colocaron el actual robo a los jubilados como componente de las exigencias del FMI y los acreedores internacionales en la negociación de la deuda. Se planteó que forma parte del ataque de conjunto a las condiciones laborales de los trabajadores activos y que es una política que se desarrolla en la Argentina y en el resto del mundo.

A través de la lucha de los jubilados cordobeses, que enfrentan la liquidación de la caja provincial con la consecuencia de la disminución de los haberes jubilatorios, se muestra la punta de lanza del intento de armonización con la Anses, que se largó durante el gobierno de Macri con la nefasta Ley de Reparación Histórica y se continúa con un nuevo tramo con la ley de Alberto Fernández de Solidaridad Previsional. Primero, se ha dado lugar a la suspensión de la movilidad y luego a la convocatoria de una bicameral para acabar con este derecho adquirido, con las cajas provinciales, tal como se plantea ya con el IPS de Buenos Aires y de Misiones, y con los regímenes especiales.

La lucha por los derechos jubilatorios ha tenido en esta acción nacional un paso firme, reivindicando la necesidad de luchar por la dirección y control de la Anses, de las cajas provinciales, del Pami y de las obras sociales por parte de los trabajadores y jubilados, junto con la necesidad de la reposición de los aportes patronales, la devolución de las deudas que se tiene con las cajas, el blanqueo de todos los trabajadores, terminar con el trabajo en negro y el no pago de la deuda externa.

Se plantea dar nuevos pasos, generalizando las firmas en el amparo colectivo por la movilidad como derecho adquirido, realizar juicios, poniendo los abogados a disposición y planificando un Plenario Nacional Autoconvocado de Organizaciones de Jubilados para nuevas acciones de lucha en el marco de la formación de un imparable movimiento de jubilados que logre imponer en las organizaciones sindicales este programa en defensa de las actuales y de las futuras  jubilaciones como salario diferido.