En el paquete de medidas con las que el gobierno intenta recuperar votos hacia noviembre tras la derrota electoral, trascendió un proyecto de DNU con un régimen de jubilaciones anticipadas.

Se anuncia que involucraría a trabajadores desocupados con 30 años de aportes que no lleguen a la edad jubilatoria, de 60 años en las mujeres y 65 en los hombres, sean mayores de 55 años, lleven al menos doce meses sin empleo formal y que no estén recibiendo ningún tipo de otro beneficio (planes sociales o pensión).

De esta manera podrían retirarse, pero con haberes que rondarían entre el 50% y el 80%, hasta que al llegar a la edad jubilatoria se les pagará el 100% del haber que le corresponda. Con esto tendrían acceso a la obra social Pami y derecho a pensión en caso de fallecimiento. Pero no les regalan nada a los viejos trabajadores desocupados.

“Les hacen una quita injusta”, sostuvo Néstor Pitrola en su cuenta de Twitter, y explicó que “la jubilación anticipada para personas desocupadas con 30 años de aportes, mayores de 60 para hombres y de 55 parea mujeres, ya tenía dictamen de la Comisión Previsional de Diputados hace años, pero con la jubilación que les corresponde”.

 

La cifra de supuestos beneficiarios sería de 30.000 personas, mayoría hombres, y su acceso escalonado. En todos los casos en que estos desocupados perciban algún programa social se trataría de un simple movimiento contable para la Anses, que incluso pasaría a pagar menos que un plan si la anticipada es de entre un 50% y un 80% de la mínima (entre $12.500 y $20.730).

La realidad es que miles de trabajadores adultos mayores siguen sin poder jubilarse. Lo que corresponde es una moratoria automática y universal, o acceso a la jubilación de los que vienen trabajando en negro (de los cuáles la mayoría son mujeres que realizan tares en casas particulares), basada en aportes extraordinarios de los capitalistas que se beneficiaron con el trabajo precario de todos estos años y las exenciones sistemáticas de las contribuciones patronales.

Este proyecto de jubilación anticipada, así como el de reconocimiento de tareas de cuidado para mujeres, son medidas que pretenden ocultar el ajuste, pero las Paso mostraron que el gran despliegue publicitario no puede tapar la escasa incidencia real de estas medidas ante el universo de trabajadores que no puede acceder a una jubilación. Así como los bonos a cuentagotas de campaña electoral no resuelven situación de indigencia de la mayoría de los jubilados que cobra la mínima de $25.922, mientras que la PUAM (a la que acceden una parcialidad de adultos mayores que no llegan a los años de aporte) está en $20.737.

A ninguno de los Fernández, ni a Martín Guzmán, ni a Fernanda Raverta se le ocurre afrontar el problema de fondo, con el pase a todos los trabajadores con el mejor convenio que corresponda, ya que el trabajo precario y los despidos llevan al vaciamiento de las cajas previsionales; tal como informa la Secretaría de Seguridad Social, a febrero hubo 338.109 menos empleados registrados y una caída de 82.562 beneficiarios.

Estas aspirinas retratan al gobierno al que se integró Juan Manzur, quien tuvo la tarea de garantizar el voto favorable de los senadores peronistas para aprobar la reforma antijubilatoria del macrismo en diciembre de 2017. Es el mandato del FMI.

Las organizaciones de jubilados volvieron a manifestarse este miércoles 22 de septiembre frente a Congreso para rechazar al nuevo gabinete de ajustadores y represores que viene a continuar con la política antijubilatoria del gobierno, y reclamar un aumento de emergencia de $20.000, un haber mínimo de $70.000, la movilidad automática acorde a la inflación y a los sueldos, junto con la restitución de los aportes patronales y la intangibilidad de los fondos jubilatorios. Denunciaron además el uso que se hace de estos fondos para pagar al FMI y subsidiar a la patronales primero con el ATP y ahora con Repro.