16/07/2020

Jubilados: fallo salteño establece una movilidad

Un impulso a la lucha

La Sala II de la Cámara de Apelaciones de Salta dispuso en segunda instancia que las subas de los haberes deben hacerse sobre la base de parámetros objetivos.

Establece en primer lugar que el cálculo surge de un índice preciso y no por decreto presidencial. En segundo lugar debe ser igual para todos. En tercer lugar, reivindica la movilidad previsional como una necesidad frente a “la ausencia de estabilidad de la  economía” (Salta 12, 14/07/20)

El fallo favorece al jubilado Roberto Caliva y rechaza un recurso  de Anses  contra su demanda original  que reclamaba el reajuste de su haber jubilatorio de acuerdo a la movilidad establecida por la ley 27.426. Esta movilidad (en base al 70% de la inflación y al 30% de  la remuneración a los trabajadores)  fue suspendida por el gobierno de Alberto Fernández en diciembre de 2019 mediante la llamada “ley de solidaridad” y se mantendrá por sucesivos DNU hasta diciembre del 2020 o hasta que se discuta una nueva ley. Recordemos que basado en esta suspensión, el gobierno otorgó dos aumentos a la baja. Uno en marzo y otro en junio que privaron el derecho a recuperar la inflación del segundo semestre de 2019 mediante porcentajes menores que confiscaron cinco puntos a la mitad de los jubilados en el primer trimestre y otros cinco puntos a la totalidad de los jubilados en junio.

Debido a la prórroga de la suspensión de la movilidad desde junio, la Cámara resuelve tomar otro índice de variación que es el de la ley de alquileres, por el cual se establece una “movilidad”, es decir un parámetro objetivo de porcentaje de aumento. Ese parámetro surge del índice compuesto por  partes iguales de variaciones del índice de precios al consumidor  (IPC) del INDEC y por la remuneración imponible promedio de los trabajadores (RIPTE).

Plantean que son pautas equilibradas ya que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental de los ciudadanos, que incluye a los jubilados.

Contra los ajustes por decreto

En el fallo se tiene en cuenta que con los ajustes por decreto se ha vulnerado la movilidad igual para todos. Ha establecido porcentajes por debajo de los establecido por la ley suspendida tanto en la jubilaciones más altas, como en la más baja, ya que en todos los casos el índice por decreto fue menor a los que hubiera correspondido aplicando para todos el cálculo sobre la base de la ley aprobada en diciembre de 2017, en medio de la más grande movilización de lucha durante el gobierno macrista porque también implicó una confiscación de miles de millones en aquel momento.

La suba durante el 2020, a partir de la suspensión de la movilidad “objetiva”, fue de entre 19,9% para las jubilaciones más bajas y del 10,1% para las mayores, habiendo correspondido para todos el 23,7% por la ley del 2017.

Los jueces camaristas señalaron que “los aumentos de las jubilaciones no son una mera gracia discrecional del Estado, sino que constituyen un derecho”, “los haberes previsionales son consecuencia necesaria de un esfuerzo contributivo y solidario de muchos años de trabajo y aporte”.

Como ocurre con el largo calvario de los jubilados y pensionados, Anses ha vuelto apelar el fallo. En medio de la pandemia, cada día se muestra más hasta qué punto no se garantiza el cuidado de los adultos mayores

La conducción del Anses dirigido por Fernanda Raverta,  una hija de desaparecidos,  debería recibir el repudio de Hebe de Bonafini. Finalmente la reunión del G6 con Fernández también ha discutido cómo se liquidan las conquista jubilatorias y se avanza en el uso de los fondos de Anses para seguir subsidiando al capital. Luchemos por la recuperación de la movilidad jubilatoria en base al costo de vida, de carácter trimestral y que ahora mismo ningún jubilado gane menos de $30.000. La lucha por la vida no espera.

   

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