El aumento del 14,16% para las jubilaciones a partir del mes de septiembre equivale a la mitad de la inflación admitida oficialmente por el gobierno que, para el semestre, alcanza al 29,2 por ciento. Es decir que la mayor “paritaria” del país, por la cantidad de personas que involucra sería, a su vez, la peor de todas.

 

El haber mínimo, que cobra alrededor del 65/70 por ciento de los jubilados, pasará de $ 4.958 a $ 5.668, es decir a menos de una tercera parte del costo de la canasta familiar.

 

La pérdida de poder adquisitivo se mantiene en un porcentaje similar si el cálculo se anualiza. Es que, si a la suma que se cobrará a lo largo de setiembre, se le agrega el 15,35% de marzo último, el total acumulado apenas alcanza al 30% cuando la inflación del período llega al 45 por ciento.

 

Es decir que a los jubilados tampoco les llegó la “revolución macrista de la alegría”.

 

Los porcentajes de aumento de las jubilaciones dan esas cifras porque surgen de una combinatoria de los incrementos que hubo en los salarios de los activos y de los ingresos que tuvo el Anses por contribuciones e impuestos destinados a la seguridad social.

 

Como los salarios sufrieron las paritarias a la baja que firmaron las burocracias de todos los colores, esa pata se redujo. Al mismo tiempo, hubo una caída en los ingresos por contribuciones que surgen de un porcentaje de los salarios y también la recaudación por impuestos, dadas las reducciones en varios de ellos.

 

Es decir que la jubilación, que es un salario diferido y que debe cubrir las necesidades de la clase pasiva, no sólo tiene dos actualizaciones al año, cuando la inflación tiene un ritmo galopante que se devora todos los meses el haber, sino que tampoco tiene la movilidad derivada de la inflación, lo cual permitiría mantener la capacidad de compra.

 

Frente al desfalco, los jubilados tienen un programa, que levanta nuestra agrupación Jubilados Clasistas: aumento de emergencia de $6000, la restitución del 82% y su financiación mediante la reposición de los aportes patronales rebajados en los ´90 y la devolución del Anses (y el PAMI) a un directorio electo por trabajadores y jubilados.