Jubilados: Qué discute la Corte Suprema
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La Corte Suprema tiene que decidir si es legítimo o no que los haberes de los jubilados hayan sido congelados desde abril de 1991, invocando la ley de convertibilidad, a pesar de que desde entonces el costo de vida subió el 60$.
Unos 125.000 jubilados iniciaron juicios para exigir la movilidad de esos haberes y para que se declare inconstitucional la ley de “solidaridad previsional”, que fijó un haber máximo de 3.100 pesos y eliminó la movilidad de los haberes para los que se jubilan con la nueva ley previsional.
Los jueces y la Cámara de Seguridad Social ya fallaron a favor de esos jubilados, pero el gobierno apeló las sentencias y por eso ahora los juicios están en manos de la Corte Suprema.
Por este motivo, desde el gobierno y desde los principales diarios se dice que si la Corte falla reconociendo el ajuste de haberes desde la convertibilidad, al gobierno “le sería necesario encontrar entre 10.000 y 20.000 millones de pesos, cantidad que sería más que suficiente como para hundir el orden economico existente” (diario Río Negro, 30/10). Algo similar dice Ámbito Financiero, que eleva a 14.000 millones el importe que debería pagar el Estado, lo cual para ese diario sería un “disparate”.
Ahora bien. ¿Es cierto o no que los haberes de los jubilados fueron congelados hace 5 años y el costo de vida subió más del 60%? Sobre esto, que es lo que está en juego en los Tribunales, el gobierno, el diario de Río Negro y Ámbito no dicen una palabra. Más aún, el diario de Río Negro, en un editorial, dice que los fallos que les dieron la razón a los jubilados, “por técnicamente coherentes que fueran”, parecen “surrealistas”, dada la cantidad de dinero que habría que pagar. Los jubilados tienen razón… pero marchen presos.
El cálculo ‘oficial’ de lo que el Estado debería a los jubilados surge de calcular en 14.000 pesos lo que el gobierno le debe a un millón de jubilados, “que estarían potencialmente en condiciones de reclamar reajustes del 60% promedio en sus haberes si finalmente la Corte Suprema dicta sentencia favorable…” (Clarín, 4/11).
Realidad y exageración
Detrás del constante machaque de lo que debería pagar el gobierno, hay un hecho cierto, pero es una completa falsedad. Lo cierto es que a los jubilados se les confiscó en estos años mucho más que 14.000 millones, esto porque son 3.000.000, no un millón.
La falsedad es que la Corte Suprema sólo se pronunciará sobre 65.000 de las 125.000 demandas judiciales por “una suma cercana a los 1.200 millones de dólares” (La Nación, 1/ 11). “Además, las cosas no son tan graves como las quieren mostrar, porque no habría que pagar esas sumas inmediatamente sino sólo a partir de 1998, pues hasta entonces habría que realizar los trámites para ejecutar cada sentencia” (ídem). Y tampoco se pagarían en efectivo sino en bonos a… 10 años. “La decisión no implica que el gobierno deba pagar enseguida, y ni siquiera sabemos en qué forma puede llegar a realizar ese pago” (Clarín, 27/10)
O sea que el gobierno, incluso, si recibe una sentencia desfavorable, podría licuar la deuda con los jubilados, prosiguiendo con la confiscación.
Cortina de humo
Toda esta campaña de los 14.000 millones tiene otro propósito: tender una cortina de humo para que la Corte Suprema reconozca alguna suerte de ajuste de los haberes de estos jubilados, pero sólo hasta que se sancionó la nueva ley previsional, en setiembre de 1993, o hasta la sanción de la ley de ‘solidaridad previsional’, en 1995. En tal caso, algunos diarios dicen que la Corte reconocería un ajuste del 14 ó 20%, no el 60%. ¡El Estado pagaría mucho menos y dejaría congeladas las jubilaciones de aquí en más!.
Pero, con esto, la Corte “sentaría un serio antecedente jurisprudencial… Fuentes judiciales sostienen que ese criterio fácilmente se podría extender a otros juicios…” (Ámbito Financiero, 6/11). ¿Y cuáles? Concretamente, los juicios de ‘grupos económicos’ contra el Estado, a quienes sí se les reconocería todo su reclamo, ya que no existe como límite ninguna ley de ‘solidaridad’ contra los pulpos capitalistas.
Este tema ya provocó una crisis política entre los entonces ministros Barra y Cavallo, cuando el exministro de Justicia impulsó un proyecto de ley para que en los juicios contra el Estado se fijaran plazos a los pagos. Se dijo que ‘grupos* como Bridas y otros estaban detrás de la ´ley Barra’.
Propuesta
Ante todas estas maniobras, el PO plantea:
- Reconocimiento integral de la movilidad de las jubilaciones por el índice de costo de vida.
- Extensión automática a todos los jubilados, hayan o no iniciado demanda judicial.
- Pago inmediato y en efectivo, sobre la base del desconocimiento de la deuda externa. Solamente en 1997, Argentina tiene que pagar una deuda usuraria y fraudulenta de 18.000 millones.