Políticas

14/11/1996|519

Jubilados: Qué discute la Corte Suprema

La Corte Suprema tiene que deci­dir si es legítimo o no que los haberes de los jubilados hayan sido congela­dos desde abril de 1991, invocando la ley de convertibilidad, a pesar de que desde entonces el costo de vida subió el 60$.


Unos 125.000 jubilados iniciaron juicios para exigir la movilidad de esos haberes y para que se declare inconstitucional la ley de “solidari­dad previsional”, que fijó un haber máximo de 3.100 pesos y eliminó la movilidad de los haberes para los que se jubilan con la nueva ley previsio­nal.


Los jueces y la Cámara de Seguri­dad Social ya fallaron a favor de esos jubilados, pero el gobierno apeló las sentencias y por eso ahora los juicios están en manos de la Corte Suprema.


Por este motivo, desde el gobierno y desde los principales diarios se dice que si la Corte falla reconociendo el ajuste de haberes desde la converti­bilidad, al gobierno “le sería nece­sario encontrar entre 10.000 y 20.000 millones de pesos, canti­dad que sería más que suficiente como para hundir el orden economico existente” (diario Río Ne­gro, 30/10). Algo similar dice Ámbito Financiero, que eleva a 14.000 millo­nes el importe que debería pagar el Estado, lo cual para ese diario sería un “disparate”.


Ahora bien. ¿Es cierto o no que los haberes de los jubilados fueron con­gelados hace 5 años y el costo de vida subió más del 60%? Sobre esto, que es lo que está en juego en los Tribuna­les, el gobierno, el diario de Río Negro y Ámbito no dicen una palabra. Más aún, el diario de Río Negro, en un editorial, dice que los fallos que les dieron la razón a los jubilados, “por técnicamente coherentes que fueran”, parecen “surrealistas”, dada la cantidad de dinero que ha­bría que pagar. Los jubilados tienen razón… pero marchen presos.


El cálculo ‘oficial’ de lo que el Estado debería a los jubilados surge de calcular en 14.000 pesos lo que el gobierno le debe a un millón de jubi­lados, “que estarían potencial­mente en condiciones de recla­mar reajustes del 60% promedio en sus haberes si finalmente la Corte Suprema dicta sentencia favorable…” (Clarín, 4/11).


Realidad y exageración


Detrás del constante machaque de lo que debería pagar el gobierno, hay un hecho cierto, pero es una com­pleta falsedad. Lo cierto es que a los jubilados se les confiscó en estos años mucho más que 14.000 millones, esto porque son 3.000.000, no un millón.


La falsedad es que la Corte Supre­ma sólo se pronunciará sobre 65.000 de las 125.000 demandas judiciales por “una suma cercana a los 1.200 millones de dólares” (La Nación, 1/ 11). “Además, las cosas no son tan graves como las quieren mostrar, porque no habría que pagar esas sumas inmediatamente sino sólo a partir de 1998, pues hasta en­tonces habría que realizar los trá­mites para ejecutar cada senten­cia” (ídem). Y tampoco se pagarían en efectivo sino en bonos a… 10 años. “La decisión no implica que el gobier­no deba pagar enseguida, y ni siquiera sabemos en qué forma puede llegar a realizar ese pago” (Clarín, 27/10)


O sea que el gobierno, incluso, si recibe una sentencia desfavorable, podría licuar la deuda con los jubila­dos, prosiguiendo con la confiscación.


Cortina de humo


Toda esta campaña de los 14.000 millones tiene otro propósito: tender una cortina de humo para que la Corte Suprema reconozca alguna suerte de ajuste de los haberes de estos jubilados, pero sólo hasta que se sancionó la nueva ley previsional, en setiembre de 1993, o hasta la san­ción de la ley de ‘solidaridad previ­sional’, en 1995. En tal caso, algu­nos diarios dicen que la Corte recono­cería un ajuste del 14 ó 20%, no el 60%. ¡El Estado pagaría mucho me­nos y dejaría congeladas las jubilaciones de aquí en más!.


Pero, con esto, la Corte “sentaría un serio antecedente jurispru­dencial… Fuentes judiciales sos­tienen que ese criterio fácilmen­te se podría extender a otros jui­cios…” (Ámbito Financiero, 6/11). ¿Y cuáles? Concretamente, los juicios de ‘grupos económicos’ contra el Es­tado, a quienes sí se les reconocería todo su reclamo, ya que no existe como límite ninguna ley de ‘solida­ridad’ contra los pulpos capitalis­tas.


Este tema ya provocó una crisis política entre los entonces minis­tros Barra y Cavallo, cuando el ex­ministro de Justicia impulsó un pro­yecto de ley para que en los juicios contra el Estado se fijaran plazos a los pagos. Se dijo que ‘grupos* como Bri­das y otros estaban detrás de la ´ley Barra’.


Propuesta


Ante todas estas maniobras, el PO plantea:


  • Reconocimiento integral de la movi­lidad de las jubilaciones por el índice de costo de vida.
  • Extensión automática a todos los jubilados, hayan o no iniciado deman­da judicial.
  • Pago inmediato y en efectivo, sobre la base del desconocimiento de la deu­da externa. Solamente en 1997, Argen­tina tiene que pagar una deuda usura­ria y fraudulenta de 18.000 millones.