11/08/2005 | 912

Juicio del Puente Pueyrredón: ¿Qué duda cabe del enKubrimiento?

Por Jacyn

¿Qué duda cabe, a casi cuatro meses de iniciado el “juicio del Puente Pueyrredón”, de que se trató de un plan deliberado para destruir al movimiento de lucha surgido del Argentinazo? ¿Qué duda cabe de que estamos frente a uno de los más escandalosos operativos de encubrimiento de la historia, de lo que fue un verdadero crímen contra el pueblo? Estamos ante una masacre comparable a las de Tlatelolco (México, 1968), Kent State (EEUU, 1970), Ezeiza (Argentina, 1973) o Tienanmen (China, 1989); es decir de un caso de terrorismo de Estado contra la lucha popular.


Las pruebas que se han ido acumulando a lo largo de una treintena de audiencias son más que suficientes para llevar al banquillo de los acusados a la cúpula del gobierno duhaldista y a buena parte de los actuales gobernadores. Pero no sólo no han sido imputados: el fiscal se ha ocupado de que ni siquiera comparezcan a brindar testimonio, cuando no tenían posibilidad de ampararse en cuestiones de agenda. Empezando por el propio Kirchner: el actual presidente participó el 14 de mayo de 2002, poco más de un mes antes de la Masacre de Avellaneda, en su calidad de gobernador de la provincia de Santa Cruz, de una reunión de gobernadores en la que, según distintas fuentes periodísticas, se pidió al entonces presidente Duhalde una represión “aleccionadora” que “disciplinara” la protesta social. Las distintas coberturas periodísticas señalaron a los gobernadores Juan Carlos Romero, de Salta; Rubén Marín, de La Pampa, y José Manuel de la Sota, de Córdoba (todos ellos actuales aliados del gobierno) como quienes exigían una represión violenta que pusiera freno al creciente clima de protesta política y social. El proyecto era salvar el mandato de Duhalde hasta 2005, cuando la crisis política se lo devoraba a pasos acelerados. La escalada represiva que se montó fue comandada desde el poder político e incluyó a la Justicia y a los organismos de seguridad. Este “viraje” (operado ante el manifiesto fracaso de los “consejos consultivos” y en la cooptación de las asambleas populares) fue anunciado con bombos y platillos por toda la plana política del entonces gobierno Duhalde, como lo refleja todo el archivo periodístico que forma parte de las pruebas del juicio.


¡El propio Carlos Soria, ex director de la Side en época de Duhalde, reconoció que el informe de esa cartera concluye que la movilización del 26 de junio “deberá ser un caso testigo para reafirmar la autoridad del Estado”! Justificada por el hecho de que “se estaba radicalizando la protesta cada vez más y se estaban empezando a integrar los diferentes reclamos, piqueteros, asambleas, ahorristas… eso constituía un peligro institucional para la democracia”, ante el cual “había que poner orden, ya que la democracia funciona con orden” (Audiencia 18, 14/7). El eje de ese supuesto “plan” de desestabilización pasaba por la ANT del 22 y 23 de junio de 2002. ¡A confesión de partes…!


A tal punto estaba todo montado, que la misma noche de aquel 26 de junio y durante todo el día 27, hasta entrada la noche (cuando una imponente movilización le dio el mazazo final al gobierno Duhalde), el conjunto del gobierno operó para presentar la masacre como “un enfrentamiento” (tesis que esgrime la defensa de Fanchiotti).


El gobierno de Kirchner es él mismo producto del fracaso de esa política represiva, siempre vigente, siempre latente, bajo el régimen de los banqueros y capitalistas. Kirchner se “borró” del juicio para no comprometerse él mismo ni comprometer a sus actuales “ahijados” y a su ex “padrino”. Existe un claro pacto de impunidad entre ambas camarillas criminales del PJ.


Todos los funcionarios comprometidos deben ir al banquillo de los acusados. Hace al interés de todos los explotados y de todo el movimiento democrático desbaratar una nueva provocación y un nuevo golpe contra el pueblo.

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