Políticas

28/3/1995|441

¡Juicio político a Menem y todos sus ministros!

A todos los negociados y corruptelas de la camarilla menemista hay que agregarle, ahora, el tráfico de armas.


Acaba de establecerse fehacientemente que el gobierno argentino le vendió armas a Ecuador —por un monto superior a los 33 millones de dólares— en el preciso momento en que este país se encontraba en guerra con el Perú. El asunto fue denunciado a la prensa por los servicios de inteligencia peruanos, los cuales, a su vez, recibieron la información de la CIA norteamericana.


Ante el escándalo, el gobierno alegó que las armas habían sido vendidas a Venezuela y que el envío había sido “triangulado” sin su conocimiento. Pero esto ya fue refutado. La “ansiedad” del gobierno por esconder su responsabilidad se explica porque en el decreto que autoriza la venta de armas están las huellas digitales de la plana mayor menemista: lo firman Camilión (ministro de Defensa), Di Tella (ministro de Relaciones Exteriores), Cavallo y el propio Menem. Al cerrar esta edición de Prensa Obrera, Ruckauf “confesó”: ¡para qué tenemos fábricas de armas, dijo, si no es para vender!


Pero ocurre que el Estado argentino es garante del tratado de paz firmado en 1942 entre Ecuador y Perú y, en su calidad de tal, declaró –junto con Brasil, Estados Unidos y Chile– un embargo de armas a los países en conflicto. Precisamente, los primeros en “monitorear” el tráfico argentino de armas a Ecuador fueron los yanquis, quienes pusieron sobre aviso al Brasil –que prohibió el aterrizaje en suelo brasileño de la transportista Fine Air, por medio de la cual Argentina realizaba sus “exportaciones”. Según informa Página 12 (22/3), la transportista Fine Air está dirigida por un cubano-norteamericano, Héctor Ponte, sospechoso de estar relacionado con la CIA. Los yanquis deschabaron la operación menemista porque, se sabe, el tráfico de armas es un “ramo” en el cual no aceptan “competencia”.


Pero lo transportado por Fine Air es, apenas, una parte –y no la mayor– de la “exportación” de armas pues, como hacen notar algunos analistas, los cañones no pudieron ser transportados en avión. El propio ministro de Defensa acaba de reconocer que un cargamento de “piezas y municiones de artillería” fue embarcado a principios de febrero en el puerto de Buenos Aires, presuntamente con destino a … Venezuela.


También se ha venido a saber que el gobierno argentino habría vendido asimismo armas a Croacia … otra región donde las tropas argentinas cumplen una “misión de paz”.


“Chirolita” Sarlenga y otros “chirolitas”


Las armas que Argentina está “exportando” con tanto éxito de demanda han sido producidas por Fabricaciones Militares, organismo al frente del cual se encuentra el empresario Luis Sarlenga. Privatizador de una parte del complejo industrial de FM, Sarlenga fue acusado, ya hace un año, de intentar una venta de armas a Croacia … fingiendo una “triangulación” a través de Liberia. Incluso, después del escándalo de la venta “trucha” a Venezuela, Sarlenga intentó una nueva venta “triangulada” con destino a Colombia, que fue abortada por la Cancillería por temor a la reacción de los norteamericanos. Según La Nueva Provincia (17/3), fuentes militares argentinas aseguran que “Lima habría recibido otro embarque (de armas), también desviado”.


Sarlenga es un riojano  “íntimo” de los Menem, que “ha contado siempre con protección del más alto nivel del Poder Ejecutivo” (Página 12, 18/3).


Otros “chirolitas” han salido a encubrir la responsabilidad de Menem. Uno de ellos es el menemista Julián Licastro, quien denunció que en el seno del gobierno “hay una organización delictiva dedicada al tráfico de armas … (y) maffias que cobran comisiones por la venta de armas”, para salir con que “Menem fue engañado por alguno de sus subordinados” (Clarín, 15/3). Incluso Bordón salió a afirmar —sin prueba alguna que avale sus dichos— que “está convencido de que el gobierno no quiso interferir” … y su “vice”, el Chacho Alvarez, confesó ante la TV que “la política exterior no está en debate”.


Frente a esto, el único reclamo democrático es el juicio político a todo el Poder Ejecutivo.