JUICIO POR CROMAÑON

La farsa después de la tragedia

El 19 de agosto comienza uno de los juicios orales por la masacre de Cromañón. Omar Chabán, procesado por estrago doloso seguido de muerte y cohecho activo, enfrenta penas de 8 a 20 años. Raúl Villarreal y Callejeros están acusados por estrago doloso seguido de muerte como partícipes necesarios, también con penas de 8 a 20 años. Los policías de la comisaría séptima Carlos Díaz y Miguel Angel Belay, de cohecho pasivo.

Fabiana Fiszbin, ex subsecretaria de Control Comunal, y Gustavo Torres y Ana María Fernández, ex directores de esa dependencia, de incumplimiento de los deberes del funcionario público, con penas excarcelables.

Juan Carlos López, ex secretario de Justicia y Seguridad, procesado por homicidio y lesiones culposas, no fue incorporado en el juicio oral, lo cual presupone una maniobra para que prescriba su causa.

La Justicia ni siquiera creyó necesario llamar a indagatoria a Aníbal Ibarra, su cajera Vilma, su vicejefe de gobierno, el funcionario y empresario de boliches Jorge Telerman, el hermano de Chabán, puntero del PJ de la provincia de Buenos Aires, que era otro dueño del boliche.

Ibarra fue sobreseído de algo de lo que no había sido acusado, y de la mano del ahora ex jefe de gabinete Alberto Fernández fue relanzado a la política con el inestimable apoyo de sus socios del Partido Comunista. La Cámara 5ª del Crimen acaba de sobreseer a Levin, el dueño de la empresa off shore que era la propietaria de Cromañón.

El juicio, por las características de los imputados, será una farsa. En el banquillo de los acusados no estarán los responsables de que la gestión de la ciudad se lleve la vida de personas dentro de geriátricos, de boliches bailables, de talleres textiles, de familias en casillas. La ciudad Cromañón sigue en pie y este juicio reafirmará su legalidad criminal.

Cambiarla es tarea de los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad, de los estudiantes a los que se les caen los techos y de los familiares de sus víctimas cotidianas de conjunto. Miles de boliches siguen habilitados ilegalmente, hay no menos de 3.500 talleres clandestinos que esclavizan trabajadores, los colegios siguen en ruinas, crece el hacinamiento en las villas y los jóvenes siguen a merced de patovicas asesinos y boliches abiertos gracias a la coima a funcionarios y policías. Con el juicio, la clase política gobernante quiere cerrar una etapa que sólo se cerrará cuando triunfemos.