Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón: miembros de los “grupos de tareas” de la Esma. Responsables del secuestro, tortura y asesinato, entre otros, de un grupo de monjas francesas que colaboraban con las Madres de Plaza de Mayo, y de un grupo de curas palotinos; amnistiados por la ley de Obediencia Debida; ascendidos en el escalafón militar bajo el gobierno de Alfonsín; el pliego para su ascenso a capitanes de navío fue enviado por Menem al Congreso y, ante las denuncias de los organismos defensores de los derechos humanos, defendido públicamente por el presidente, por su ministro Camilión y por la jefatura de la Armada.

El “récord” de los dos genocidas es a la vez una radiografía de la política de amnistía de la burguesía y el Estado en beneficio de los torturadores y asesinos —es decir, una política de “autoamnistía”— y una muestra de la suprema hipocresía de los “representantes del pueblo”, que después de haber votado con las dos manos las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, y de haber aceptado el indulto dictado por Menem, pretenden ahora —en vísperas electorales— horrorizarse de lo que es la “consecuencia natural” de las leyes que ellos votaron: la “recompensa” a los genocidas por los “servicios prestados”.

El PO denuncia que la contumacia de Menem a promover a estos asesinos en la jerarquía naval responde a la necesidad del Estado de fortalecer y “dar confianza” a sus aparatos represivos para utilizarlos contra el pueblo.

Dieciocho años después de que Rolón y Pernías secuestraran, torturaran y asesinaran, la histórica consigna del “juicio y castigo a todos los responsables” conserva toda su vigencia.