A una semana del desmoronamiento en la obra de ampliación del acueducto en San Salvador de Jujuy, por el que murieron los obreros Ariel Martínez, Rafael Balderrama y Sergio Gastón Ponce, en estas horas se conoció que han sido imputados el jefe de la obra, el responsable de seguridad y el inspector de obra, quienes deberán aclarar el grado de responsabilidad que les cabe.

Estas imputaciones dejan afuera de la investigación a los responsables políticos y económicos de esta masacre: el gobierno que no controló y la empresa que no toma las medidas de precaución de seguridad. La cuadrilla de obreros trabajaba para la empresa Rovella Carranza, una contratista que tiene la licitación de esta obra correspondiente a Obras Hídricas de la Nación.

Familiares de las víctimas denunciaron ante los medios que la empresa no proveía los elementos de seguridad para las obras, los que sólo eran entregados después de los insistentes reclamos, mientras que los obreros que sobrevivieron declararon que el lugar no estaba debidamente apuntalado y desconfían que se haya realizado un estudio de suelo para determinar la complejidad de los trabajos de obra.

Una empresa cuestionada

Rovella Carranza, radicada en San Luis, figura como una de las empresas más beneficiadas por la obra pública y denunciada en la causa de “los cuadernos”. Se trata de un emporio que se ha beneficiado con contratos por más de $1.200 millones para realizar obras que deberían estar a cargo del Estado, sin disponer ni una mínima parte de estos cuantiosos beneficios para garantizar las condiciones de seguridad de sus obreros.

Este accidente es una muestra de la falta de controles y medidas de seguridad en la mayoría de las obras de la provincia. Al ser consultado por el accidente, el presidente del Colegio de Ingenieros, Sergio Aramayo, denunció que hace un año que reclamaba a la empresa contratista la autorización de sus ingenieros, la matriculación y habilitación del Colegio para cumplir las medidas de seguridad según protocolos. También indicó que hay varias obras en las que se impide la actuación de los profesionales (El Tribuno, 13/09).

Todo un régimen responsable

Esta masacre obrera ha demostrado la desidia por parte del Estado patronal y el menosprecio por la integridad de los trabajadores. Los sucesos lamentables del pasado 12 tienen que servir para impulsar una campaña muy fuerte en todos los lugares de trabajo por comisiones obreras de seguridad e higiene, que controlen la inversión de las empresas en materia de prevención. Ha quedado cuestionado también el esquema de tercerización de obras, que ha servido para que grupos inescrupulosos hayan hecho una fortuna con sobreprecios y sub-ejecución de partidas, en obras que deberían ser realizadas por el Estado.

Desde la banca del Partido Obrero en el FIT reclamamos en sesión legislativa, al día siguiente del hecho, la interpelación al ministro de Trabajo y la ministra de Ambiente para que brinden informe sobre los controles realizados por sus carteras y respondan por los incumplimientos de la empresa en medidas de seguridad y se habían presentado los estudios de suelo e impacto ambiental. Los legisladores del Frente Cambia Jujuy (UCR – PS y FR) cerraron filas y votaron negativamente la iniciativa.

Un régimen social y político que se cobra la vida de trabajadores en función de obtener más beneficios es un régimen que no tiene nada que aportarle a la sociedad.

Justicia por Ariel Martínez, Rafael Balderrama y Sergio Gastón Ponce.