La renuncia del gobernador Ferrare ha sido el ‘mal menor´ que adoptaron los políticos de la oposición patronal, las cámaras empresariales, el clero y hasta el gobierno de Menem, para evitar el estallido de un nuevo jujeñazo. Desde hace meses, Ferraro estaba enfrentando un pro­ceso creciente de paros, movilizaciones, cortes, ocupaciones de reparticiones, motorizadas fun­damentalmente por los atrasos en los salarios, pero también por el crecimiento de la desocupa­ción que había trepado al 17% últimamente. En el mes de setiembre, como resultado de las pug­nas por la elección del senador nacional, un sector de la bancada del PJ se pasó a la oposición y Ferraro, por primera vez, quedó en minoría en la legislatura. Las finanzas públicas estaban en completa bancarrota. A pesar de que el gobierno de Ferraro había procedido a la privatización del Banco Provincial y de la Dirección de Energía y que había transferido la Caja de previsión a la Nación, el déficit siguió creciendo y la provincia está en una virtual cesación de pagos. La deuda pública ya había superado los 800 millones. El propio ministro de Economía había anticipado que, a partir de noviembre, nadie aseguraba que se pudiera seguir con el pago de los salarios. En esa misma medida, todo el cuadro se hacía caóti­co. “La situación es tan grave que, a los hospitales cerrados y a la caída del ciclo lectivo, a los empleados públicos en huelga y al problema del bono sin convertibilidad, se ha sumado ahora el tema de la suspen­sión de los servicios de farmacia para el Instituto del Seguro de Jujuy, la obra social paraestatal más grande de la provincia. Con esta medida, sus cientos de miles de afiliados han quedado sin el descuento del 50% en los medicamentos” (La Gaceta, 19/11).

Todo esto fue transformando la situación en un polvorín con riesgo de estallar en cualquier momento. En ese marco, los legisladores de la Alianza y los disidentes del PJ deciden iniciarle juicio político al gobernador. Paralelamente, las cámaras empresariales le bajan el pulgar. Pedro Kohn, presidente de la Unión Industrial de Jujuy, señaló que “los poderes no funcionan” y que “la situación no da para más” (ídem). Anuncia la elaboración de un documento por todas la cámaras empresariales proponiendo una salida institucional resuelta por los propios jujeños. El golpe de gracia lo dieron los bancos privados que, en el pasado, financiaron el déficit provincial y la decisión del Ministerio de Economía de la Nación de no socorrer a Ferraro para que pudiera pagar los salarios de octubre y parte de setiembre. Así no le quedó otro camino que la renuncia. .

Inmediatamente el ministro de Economía in­formaba que “consiguió un préstamo de 60 millones del Banco de Galicia para reprogramar las deudas del BOTE 10, y abonar los haberes aún no pagados” (La Gaceta, 27/11). Ahora, la legislatura tiene que nombrar al gober­nador reemplazante, quien tendrá la misión de descargar la crisis acumulada sobre los trabaja­dores públicos, sobre la educación y la salud públicas. Por eso, más que nunca es necesario que las organizaciones obreras y populares se agru­pen en forma independiente, porque sólo así la lucha va a continuar para que la crisis la paguen ellos, los capitalistas y sus representantes políti­cos, sean éstos menemistas o aliancistas.