El gobernador jujeño Gerardo Morales puso en duda el pago del aguinaldo. Cuando fue consultado en una entrevista televisiva, dijo que no cuenta con los recursos para afrontarlo. Esas declaraciones, realizadas con mucha soltura, muestran la disposición a seguir llevando adelante un ajuste contra los estatales.

Los empleados públicos jujeños ya sufren un desdoblamiento del pago de salarios, e incluso se ha extendido el cronograma de pago. Morales también suspendió el pago a proveedores y pretende dejar sin pagar los juicios que enfrenta el Estado provincial.

El gobernador apuesta todas sus fichas a conseguir el otorgamiento de un crédito de $3.000 millones del gobierno nacional, para lo cual contó con los votos del Frente de Todos en la Legislatura en la habilitación de un nuevo endeudamiento. Profundiza así la política de los últimos años, en que aumentó la deuda y en particular la nominada en moneda extranjera.

Mientras tanto, Jujuy es la provincia con mayor pérdida de empleos privados en abril en comparación con el mes anterior y con el mismo mes de 2019. Según la Encuesta de Indicadores Laborales que realiza el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Gran Jujuy tuvo una caída del 2,6% respecto del mes anterior y del 8,5% en la comparación interanual. Esto cuando durante todo el 2019 la provincia estuvo siempre en los primeros lugares de la caída en estos indicadores (jujuyalmomento.com).

No pueden ser que los trabajadores y el pueblo jujeños sean los que paguen el costo de la crisis. Hay que establecer un impuesto a las grandes ganancias y riquezas, comenzando por las mineras y el ingenio Ledesma, para constituir un fondo que permita afrontar la crisis social y sanitaria, garantizando el pago íntegro de salarios y aguinaldos. Para eso es necesaria además la inmediata suspensión del pago de la deuda de la provincia.