Las declaraciones del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, asegurando que no habría un auxilio financiero para que la provincia de Buenos Aires cumpla con sus vencimientos de deuda, ocasionaron el derrumbe de hasta un 10% en la cotización de los bonos tanto bonaerenses como nacionales. Sin embargo, nadie en tema puede haberse sorprendido.

El propio Kicillof ya había sostenido que la deuda era impagable y que debía ser renegociada, motivo por el cual impulsó una ley de Emergencia que lo faculta a sentarse con los tenedores de bonos para rediscutir los plazos y a reorientar partidas para pagar intereses.

Lo que sucede es que llegó el día en el cual empiezan a caer las obligaciones. El viernes 17 de enero vencen 263 millones de dólares de deuda, que al estar mayoritariamente en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses se descuenta que podrán ser refinanciados. El problema, en cambio, viene de la mano del vencimiento de un Bono 2021 emitido por el gobierno de Daniel Scioli, del cual el 26 de enero deberían cancelar unos 277 millones de dólares sumando capital e intereses.

El gobernador publicó el martes una solicitada en búsqueda del consentimiento de los acreedores para patear el pago de la amortización de capital de ese Bono 2021 (250 millones de dólares) hasta el 1° de mayo. Para lograr efectivamente esa postergación necesitaría la adhesión de los tenedores del 75% de ese capital antes del 22 de enero, ya que al haber sido emitido bajo legislación de Nueva York no puede ser reperfilado de manera unilateral a lo Lacunza. Por ese mismo motivo, en caso de default el terreno de discusión sería la justicia norteamericana.

Con noción de esto, Kicillof planteó en su conferencia de prensa que lo que busca es una “solución ordenada” al problema de la inviabilidad del endeudamiento bonaerense. La apuesta es que los bonistas acepten la oferta, y renegociar luego los posteriores vencimientos ya con el paraguas de una reestructuración de la deuda del Estado nacional. Mientras tanto, seguirán pagando en tiempo y forma los intereses, al igual que viene haciendo Guzmán y para lo cual el Tesoro tomó 4.700 millones de dólares de las reservas del Banco Central. De esta manera, según el ministro de Hacienda bonaerense, se evita que la cuestión provincial se cuele en la discusión con el FMI y los bonistas de la deuda externa nacional.

La propuesta tiene, con todo, cierto atractivo. Resulta que los títulos de la Provincia cotizan hoy en el mercado entre un 50 y un 60% de su valor nominal. Así, fondos buitre como el británico Greylock Capital podrán embolsar a fin de cuentas ganancias millonarias. Entre tanto percibirán jugosos intereses, que en el caso del Bono en cuestión son del orden del 11%. Estamos ante una muestra de que el rescate de la deuda constituirá, de ser exitosa, una enorme confiscación del pueblo bonaerense en favor de los usureros internacionales, que tienen en su poder títulos que equivalen al 87% de los recursos totales del Estado provincial, un 83% de ellos nominados en moneda extranjera.

La cuestión, de todas maneras, es compleja. En el resto del año vencen otros 2.000 millones de dólares, es decir que la novela de la negociación con los acreedores seguirá abierta. Si la propuesta no seduce, los bonos pueden terminar en manos de fondos buitre ávidos de resolver la cuestión en los tribunales estadounidenses. La única garantía que puede ofrecer Kicillof -que gobierna una provincia que no recauda en dólares- es una mejora en las cuentas públicas, a fuerza de ajuste. Los conflictos que esto puede suscitar son variados, empezando por los resquemores que se sucedieron con los intendentes del PJ. Pero, más importante, se colará en las discusiones paritarias. Si bien Baradel y compañía se jactan de su “amistad” con el gobernador y el Presidente, ya se han topado con un primer traspié a partir del reclamo de Fernández de evitar las cláusulas gatillo y desindexar los salarios.

Los trabajadores bonaerenses deben tomar nota del enorme negociado financiero que se está tejiendo para rescatar a los usureros internacionales. Incluso la alternativa de emitir nueva deuda para cancelar la vieja implicaría nuevos ajustes, porque en las condiciones actuales deberían partir de una tasa de interés exorbitante. Adjudicar exclusivamente al gobierno de Vidal esta carga es una operación de engaño al pueblo, tanto porque una parte importante de los vencimientos en dólares y bajo legislación neoyorquina fueron contraídos por Scioli (a tasas que no bajaron del 10%), como por el apoyo sistemático que la gestión vidalista obtuvo de parte del peronismo a la hora de aprobar el megaendeudamiento en la Legislatura cada uno de los cuatro años que pasaron.

Sólo el repudio de esta operación de rescate y la investigación de la deuda externa puede abrir el camino a una recomposición salarial y jubilatoria, y un aumento presupuestario de la salud y la educación. Sin perjuicio de la condescendencia de la burocracia de los sindicatos estatales, las paritarias que se vienen pueden convertirse en el terreno de una intervención obrera en la crisis.

Para eso nos preparamos.