Mucha atención suscitó la fallida negociación de Axel Kicillof con los tenedores del bono BP21 para reperfilar el vencimiento del pasado 26 de enero, que culminó finalmente con el pago al contado de los 277 millones de dólares. El fracaso del gobierno provincial en este primer ensayo de reestructuración de la deuda, en el que actuó en sincronización con el ministro Martín Guzmán y Alberto Fernández, tendrá un alto costo para los bonaerenses.

Casi en el mismo momento en que el gobernador reconoció que no había logrado la adhesión necesaria para postergar el vencimiento y anunció que pagaría a los bonistas la totalidad del capital e intereses, se difundió la resolución oficial de patear –en principio para el mes que viene- el cobro de una parte del aumento salarial docente correspondiente a la paritaria del año pasado. El hecho es revelador, porque constituye la primera muestra de que el objetivo prioritario del rescate de la deuda solo puede llevarse a cabo a costa de los trabajadores.

Para maquillar esta realidad, en los mismos días en que afirmaba que no tenía fondos para pagar el bono en cuestión Kicillof presentó en Merlo con bombos y platillos su programa “Escuelas a la obra”, que consistiría en el arreglo de urgencia de 750 escuelas que no cuentan con las condiciones mínimas para iniciar el ciclo lectivo. Se trata del 5% de los establecimientos educativos de la provincia, cuando hace años que los relevamientos de Suteba reflejan que el 70% sufre problemas edilicios de gravedad, y abarcará a menos de la mitad de los distritos bonaerenses. De los 800 millones de pesos destinados a este programa, la mitad corresponde al Fondo Educativo que se gira a los municipios (un rubro que el año pasado implicó más de 10.500 millones). 

En este cuadro, la presentación brilló por sus ausencias. Toda la plana mayor de los intendentes del PJ pegó el faltazo, atentos a que los anuncios son a cuenta de sus propios presupuestos municipales. Más aun, Kicillof pretende ejecutar el convenio diseñado por el gobierno de Vidal -tras la explosión de la Escuela 49 de Moreno- para transferir a las comunas la responsabilidad (política y presupuestaria) por las condiciones de habitabilidad de las escuelas.

Esto abrió un nuevo capítulo de chispazos entre el mandatario provincial y los alcaldes del Frente de Todos, que ya habían protagonizado una pulseada abierta cuando se debatió la Ley Impositiva. 

La tensión no es solo una expresión de la disputa por lugares políticos, originada por la marginación de los intendentes pejotistas en el armado del gabinete del gobierno provincial. Es en primer lugar una pelea por la caja insuficiente, o dicho en otras palabras por quién carga en mayor medida con el peso del ajuste. De hecho, es la misma medicina que recibe el exministro de Economía respecto de los fondos de Nación, ya que lo percibido por la provincia en enero en concepto de coparticipación federal es, medido en dólares, un 34% menos que lo girado el año pasado (unos 240 millones de dólares menos, casi equivalentes al vencimiento del BP2021). Mientras tanto, la recaudación en términos reales no para de caer: ha sido diez puntos inferior a la inflación del último año.

 

Que el achique del gasto público para buscar un acuerdo con los bonistas en torno a los vencimientos que se vienen es la máxima del gobierno de Kicillof lo confirma el hecho de que las obras escolares anunciadas se realizarán con trabajadores precarizados en el marco del programa “Argentina Unidad por la Educación y el Trabajo” del gobierno nacional, que consiste en tercerizar obra pública educativa en cuadrillas de las organizaciones sociales.

Que ese programa haya sido presentado por Kicillof y Alberto Fernández en el distrito de Moreno para hacer alusión a las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez (las víctimas fatales de la Primaria 49) es un acto de cinismo, porque con el nuevo esquema la Provincia se desentiende del mantenimiento de los establecimientos educativos y de las propias obras. La descentralización de la responsabilidad por la infraestructura escolar augura un agravamiento del cromañón educativo bonaerense. Las cuadrillas de desocupados no tienen capacidad alguna de recomponer la infraestructura educativa.

La postergación del pago del aumento salarial a la docencia y la estafa de los anuncios sobre la situación edilicia de las escuelas no son más que una advertencia de lo que puede venir, porque finalmente el vencimiento que tanto ruido generó representaba un monto muy menor. Solo en lo que resta del semestre, la Provincia debería devengar unos 1.400 millones de dólares en materia de deuda, de un total de 2.000 para el resto el año. Kicillof espera que pronto se selle el acuerdo con el FMI y con los bonistas de la deuda nacional, pero aun si ello sucediera no sería automático un arreglo de las hipotecas provinciales. El fracaso de la negociación para reperfilar el BP2021 puso al desnudo que la decisión de evitar un default deja a la provincia y el país a merced de los especuladores internacionales.

Es un camino escabroso el que deberá recorrer el gobierno provincial. Para reunir los fondos para pagar el bono y eludir el default la Provincia emitió Letras por cerca de 10.000 millones de pesos, que lograron ser colocadas gracias a que enchufaron esos títulos a distintos municipios. Si la relación política con los intendentes sigue agravándose, las cartas serán cada vez más exiguas.

En todos los casos, la “sustentabilidad” de la deuda implicará un ajuste fiscal que sufrirán los trabajadores bonaerenses. Un ejemplo de ello es que, tras tanta perorata sobre la progresividad impositiva, la recaudación tributaria de enero arrojó que los terratenientes del campo solo contribuyeron por el Inmobiliario Rural con un 0,3%, mientras que Ingresos Brutos (que se traslada a los consumidores) representó un 80%. Ahora Kicillof citó a los gremios docentes a comenzar la discusión paritaria afirmando que su objetivo es que no pierdan contra la inflación, cuando uno de los pocos puntos conocidos del “plan económico” de Alberto Fernández es justamente la desindexación de los salarios.

Las reivindicaciones de la comunidad educativa son incompatibles con el rescate a los usureros internacionales.