19/09/2020

Kicillof en default: organicemos la autoconvocatoria de los trabajadores

Por séptima vez, Axel Kicillof extendió el plazo -ahora hasta el 11 de octubre- para “reestructurar” 7.148 millones de dólares de la deuda externa bonaerense, cuyo monto total alcanza los 12.000 millones en moneda extranjera. Esta nueva postergación, al igual que las seis anteriores, fue precedida por versiones de un “acuerdo inminente” fallido, que deja a la provincia de Buenos Aires en un virtual default por incumplimiento del pago de un bono de 150 millones de dólares.

El desenlace de esta “reestructuración” tiene una proyección que va más allá del quebrado Estado bonaerense (el más endeudado del país y con vencimientos de corto plazo) porque incide directamente en las negociaciones de deuda de otras once provincias hipotecadas. Con el telón de fondo de la crisis capitalista el stock de las deudas provinciales nominadas en un 90% en dólares creció exponencialmente como consecuencia de las devaluaciones del 2018 en adelante.

Bajo el fuego cruzado de los bonistas

A pesar de haberla declarado “impagable”, el kirchnerismo gobernante en la provincia de Buenos Aires rechazó investigar la deuda usuraria y fraudulenta asumiendo en bloque la “pesada herencia”. Después del pacto colonial firmado por Alberto Fernández y Martín Guzmán, la “oferta sustentable” presentada por el gobierno del Frente de Todos (pago del 93% del capital de deuda, recorte del 55% en los intereses y una extensión en el plazo de pago de los bonos canjeados) fue rechazada por el Comité de Acreedores que exige mayores concesiones y una disminución drástica en los tiempos de pago… en línea con el “acuerdo nacional”.

Esa es la razón de esta nueva postergación. Sin otra posibilidad a la vista, Kicillof volvió a patear la pelota para adelante acuciado por la crisis financiera, el desplome de la recaudación tributaria, y la dependencia cada vez más acentuada de los “rescates” del gobierno nacional para pagar los sueldos municipales y poder financiar los gastos corrientes.

Lejos de “despejar el horizonte”, el compromiso de pago suscripto por Alberto Fernández y Martín Guzmán con los fondos buitre (bajo la auditoría y el programa de ajuste del FMI), es un poderoso factor de dislocamiento económico y financiero. Las presiones devaluatorias, con un Banco Central vaciado y menos de 3.000 millones de dólares de libre disponibilidad, impactan directamente sobre la deuda externa bonaerense conformada en un 90% por divisas con jurisdicción extranjera, y vencimientos en un 80% en los próximos cuatro años.

Una devaluación en regla amenazaría con detonar el default provincial haciendo de la hipoteca provincial una “tormenta perfecta”. A esto se suma el nuevo endeudamiento con los organismos multilaterales de crédito por 500 millones de dólares, votado conjuntamente por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en la Legislatura provincial, cuyo desembolso está condicionado al cierre de la negociación y exigencias del Comité de Acreedores, y por lo tanto a mayores ajustes contra los trabajadores como garantías de pago.

Una manifestación aguda del quebranto provincial es la emisión letras de tesorería por 15.000 millones de pesos para cancelar obligaciones con los proveedores. El llamado “financiamiento en pesos”, del que se precia el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, es un virtual “pataconazo” o el sendero hacia una cuasimoneda.

Como denunciamos en Prensa Obrera, el reciente motín policial fue saldado provisionalmente con una rendición completa de Kicillof frente a la Bonaerense, y la mediación de Alberto Fernández que anunció la transferencia de unos 30.000 millones de pesos a la provincia -afectando la coparticipación anual que recibe la Capital Federal. Este nuevo “Fondo del Conurbano” en tiempos de crisis amenaza con abrir nuevas disputas por el destino final de los recursos agravando la crisis política. Aún tratándose de un fondo de futuro incierto y sujeto a la decisión que tome la Corte Suprema frente a la apelación de Larreta, los bonistas bonaerenses quieren hincarle el diente a esas partidas para asegurase que Kicillof salde el bono pendiente de 150 millones de dólares como condición para seguir negociando.

El tironeo por los magros recursos es a varias puntas. A las presiones de los bonistas se suma la disputa que mantiene el gobierno provincial con los jefes comunales, quienes ya se cobraron 3.000 millones de pesos en concepto del fondo de “fortalecimiento municipal”. En este tironeo, el “rati-ficado” Sergio Berni -lanzado a cuenta de Cristina Kirchner para presidir el Partido Justicialista- actúa como fuerza de choque contra los jefes comunales del aparato pejotista y los intendentes “albertistas”. En el ojo del huracán están unos 8.500 millones de pesos de los 12.000 millones del “mega plan” de seguridad, que la intendencias exigen como aporte directo a las comunas sin pasar por la caja provincial o el ministerio de “seguridad” de Berni.

Hagamos sentir la fuerza de la clase obrera

Las consecuencias de una ola devaluatoria se harán sentir en el desmadre de la deuda bonaerense, pero también licuando los salarios de los trabajadores. El abaratamiento de salarios y las jubilaciones es una exigencia de los bonistas buitres y del programa de ajuste fondomonetarista. Después del motín policial, Kicillof y la ministra de Trabajo Mara Malec quieren valerse de las burocracias sindicales kirchneristas de ambas CTAs para encuadrar las paritarias estatales y docentes, mutilarlas de todo reclamo salarial o limitarlo a una suma o bono fijo. Los Baradel y compañía van a oficiar de partenaires del ajuste.

El “salariazo” a la Bonaerense contrasta con la miseria salarial generalizada de los estatales, docentes y trabajadores de la salud de la provincia, que cobran sueldos promedio entre 200 y 300 dólares. Los trabajadores tenemos que intervenir organizadamente en esta crisis. Llamamos a impulsar una gran campaña de asambleas, cuerpos delegados, autoconvocatorias y unidad de acción del sindicalismo combativo por un inmediato aumento salarial para todos los trabajadores y jubilados del 40% ajustado por inflación, en defensa de las fuentes de trabajo y por la reincorporación de todos los despedidos,.

No al pago de la deuda externa. ¡Qué la crisis la paguen los capitalistas!

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