En medio de las negociaciones de Kicillof con la oposición para destrabar el tratamiento de la ley impositiva 2020, dirigentes de las organizaciones sociales que conformaron recientemente la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) difundieron una carta abierta dirigida al gobernador.

En ella trazan una defensa muy peculiar del proyecto oficial, al que califican como una “reforma impositiva moderada e insuficiente” que “no permite ni por asomo resolver los gravísimos problemas sociales” sino que “apenas cubre las partidas del presupuesto vigente”. Con todo, critican el rechazo de la “actual oposición y de una minoría propietaria” ante “una medida tan moderada”, y advierten que “nuestro apoyo es a la vez una exigencia: la cobardía en la defensa del pueblo pobre y trabajador es una traición a las banderas históricas que defendemos”.

El objetivo de la carta de Grabois y compañía es aparecer como un contrapeso a las presiones del sector terrateniente que puso el grito en el cielo porque sería alcanzado por un aumento del Impuesto Inmobiliario Rural del 75%. Se trata de un ínfimo 7% de los propietarios de las tierras más ricas del país (unos 200 oligarcas), porque todos los terrenos rurales de la provincia se encuentran tasados a un valor muy por debajo del precio de mercado y por lo tanto la enorme mayoría solo queda alcanzada por las categorías más bajas del impuesto.

Sin embargo, la voluntad de la Gobernación es llegar a un acuerdo con la oposición. El día de ayer, Kicillof se reunió con los intendentes que no pertenecen al Frente de Todos para limar asperezas. Allí habrían arrimado a un compromiso para avanzar con un nuevo proyecto que sería tratado la semana que viene en la Legislatura, en que se rebajaría ese aumento a las propiedades rurales de mayor valor, y se incrementaría el descuento para quienes cancelen en una cuota el impuesto hasta el 25% (un beneficio a “los que más tienen”). Además, el gobernador retrocedería con el intento de hacerse con parte del Impuesto Automotor que hasta ahora recaudan los municipios, un punto que había generado rispideces con los propios intendentes pejotistas.

Dentro de las versiones periodísticas, nada se dice acerca de una reducción del aumento de la alícuota en el Inmobiliario Urbano. Ese gravamen afecta a grandes sectores medios y de la clase obrera que cuentan con una vivienda propia, ya que los terrenos urbanos sí fueron revaluados durante el gobierno de Vidal y por ello fueron colocados por Kicillof en el segmento más alto, de manera que el 75% de impuestazo abarcaría al 45% de los contribuyentes y otro tanto sería alcanzado por incrementos del 55%. Por otra parte, se vuelve a aumentar la base imponible (1,2) con lo cual se multiplica el impacto. Tampoco se habló de quitar el aumento en Ingresos Brutos a los medicamentos (que será trasladado a los precios) y a otros rubros de consumo masivo como la televisión por cable. Estos puntos que golpean a las familias trabajadoras no parecen preocupar a los abanderados de la “economía popular”.

Desde el gobierno provincial ven con entusiasmo una incipiente división en la oposición. Es que si los alcaldes PRO como Jorge Macri (Vicente López) y Julio Garro (La Plata) habían sido los voceros del rechazo al proyecto oficialista, los intendentes y legisladores radicales –que realizaron un encuentro propio después del cónclave con Kicillof- buscaron una diferenciación sosteniendo que “muchos intendentes hablan de la ley sin saber verdaderamente cuál es la realidad. Si comparás la ley que mandan ahora con las leyes anteriores que mandó Vidal no está tan mal. Hay que darle las herramientas al gobernador” (La Tecla, 2/1).

Además de un trato preferencial en el reparto del Fondo de Infraestructura Municipal (reanimado tras la negociación por la Ley de Emergencia provincial), esta actitud tiene motivos políticos. Al igual que un sector del PRO bonaerense referenciado en Emilio Monzó, la UCR apuntaría a posicionarse como una oposición “dialoguista”, tomando los ejemplos del PJ y el massismo bajo el gobierno de Vidal. Por otro lado, el sector más alineado a la exgobernadora, pareciera, busca aparecer como un canal político para los posibles choques que el gobierno pueda tener con sectores capitalistas celosos de sus rentas, en este caso los mayores terratenientes.

Este último sector se ilusiona también con las fricciones que pueden desatarse en torno a las retenciones que deberán pagar ahora las exportaciones agrarias. La Mesa de Enlace pegó el faltazo a la reunión donde Alberto Fernández cosechó el compromiso de la burocracia sindical y las patronales de la industria de apoyar su plan económico. Sin embargo, los “tractorazos” realizados por entidades rurales en estas semanas no sumaron más que a un puñado de patrones de localidades pequeñas del interior, lo cual se explica porque al fin y al cabo “más del 40% de las ventas al exterior ya están anotadas, lo que significa que se regirán por las condiciones previas” (Ámbito Financiero, 27/12). En palabras de Eduardo Buzzi, expresidente de la Federación Agraria Argentina, la medida tiene “razonabilidad” porque es “una readecuación al tipo de cambio real, más que un aumento confiscatorio” (ídem, 20/12).

Como fuera, Kicillof buscará sellar un acuerdo con la oposición para conseguir la sanción de la ley, el cual puede dejar en off side a Grabois y la UTEP con una norma más “moderada e insuficiente” para con los terratenientes, dejando en pie el impuestazo a las familias trabajadoras. Finalmente, no tenemos que perder de vista que lo que apunta a recaudar el gobierno tiene como fin ofrecer garantías de repago en una renegociación de la abultada deuda provincial en dólares (en enero vencen u$s725 millones). Ese objetivo de fondo es el que comparte también Cambiemos, motivo por el cual no deja de mostrar disposición a arribar a un consenso.

Para confirmar esto tenemos el testimonio de uno de los intendentes “vecinalistas”, que tuvieron su propia reunión con el gobernador -previa a la que éste sostuvo con Cambiemos. El alcalde de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, declaró al salir de la Gobernación que debatieron, entre otros asuntos, “descentralizar cosas, como parte de Educación, para hacer obras” (La Tecla, 2/1). Es justamente el rumbo que había adoptado Vidal con la municipalización de los comedores y de la infraestructura escolar. Por esa vía solo se puede agravar el derrumbe edilicio de las escuelas.

En contraste con este sendero de ajuste para garantizar el pago de la deuda, defendemos un esquema verdaderamente progresivo de impuestos a las grandes rentas y fortunas, que abarque a toda la propiedad terrateniente -tasando las propiedades a los valores de mercado-, y la exención de toda vivienda única. Los impuestos al gran capital, de la mano de la investigación y el repudio de la deuda usuraria, podrían financiar aumentos salariales de emergencia, mayor presupuesto para salud y educación bajo control de sus trabajadores, y un plan de inversión productiva para reabrir las fábricas cerradas. En definitiva, oponemos un programa de la clase obrera para salir de la crisis.