La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto a otros funcionarios y exfuncionarios del municipio están implicados en denuncias de corrupción por el desvío de fondos hacia cooperativas de trabajo vinculadas al exsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa, quien renunció a su cargo ante las denuncias. Se menciona un monto de $535 millones que habrían sido fugados a cuentas off-shore en Miami, pertenecientes a otro exfuncionario denunciado, Martín Bordalejo. Un mecanismo conocido de desfalco que tiene a varios funcionarios macristas y kirchneristas implicados por otros hechos.

Mayra “se defiende” y reconoce fraude laboral

Mayra Mendoza publicó un video en sus redes en el que pretende clarificar la situación pero es una prueba de autoincriminación por un profundo fraude laboral.

Allí Mayra reconoce y reivindica que 200 trabajadores cooperativistas realizan tareas municipales de mantenimiento, riego y limpieza en 150 espacios del distrito. Las tareas son de carácter permanente, como afirma la propia intendenta, y esos trabajadores cooperativistas reciben un “salario” inferior al de trabajadores municipales que hacen las mismas tareas. En esto constituye el fraude laboral y la violación de leyes laborales.

En este marco es que el gobernador, Kicillof, el ministro de Desarrollo bonaerense, Larroque, y ministro del Interior, Wado de Pedro, se hicieron presentes en actos en Quilmes junto a Mayra para salir a bancarla.

El camporismo habla de “ataques” contra la intendenta por las denuncias de corrupción pero no menciona ni una palabra sobre la reivindicación de precarización laboral que sostiene Mendoza en su municipio, quien afirma que esta situación de precarización se da en muchos municipios y que en el distrito de Quilmes existe desde 2009 cuando gobernaba Barba Gutiérrez, actual vicepresidente del PJ quilmeño que preside la propia Mayra. Y la mantuvo el macrista Martiniano Molina.

No llama la atención que compartan esta orientación de precarización laboral con el macrismo; el propio Grindetti, intendente de Lanús, se pronunció recientemente para que los cooperativistas que cobran menos de 20 mil pesos hagan tareas de municipales. Fue el plan explícito del ministro de Desarrollo nacional Juan Zabaleta. Incluso Milei adhiere a esta idea.

Reclamamos que las cuentas del municipio estén bajo control de los trabajadores y vecinos del distrito para terminar con los desvíos de fondos y con el destino de los recursos a intereses ajenos a los populares.

Basta de precarización laboral. Todos los trabajadores que realicen tareas municipales tienen que estar bajo el convenio municipal. Todos a planta permanente. Ningún salario municipal por debajo de la línea de pobreza.

Estos planteos en defensa de los trabajadores son incompatibles con el ajuste de los Fernández, Kicillof y Mendoza que dicta el FMI y apoya la derecha.