Muy poco duró la “algarabía” tras el anuncio de Alberto Fernández sobre la adjudicación del “Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires”. En un nuevo capítulo de la crisis política bonaerense, las intendencias peronistas y de Juntos por el Cambio torearon a Kicillof para que este fondo llegue a las comunas sin intermediarios.

Así, a la incertidumbre abierta por el recurso judicial presentado por Horacio Rodríguez Larreta ante la Corte Suprema, en relación con la baja del 1% en la coparticipación que recibe la Capital, se suma ahora el reclamo de los intendentes para que se reparta en su favor esta transferencia a la provincia de unos 35.000 millones de pesos.

El desenlace de la “crisis policial”, con este Fondo cedido luego del motín para financiar el aumento del 40% a la Bonaerense, no escapa a la agenda ajustadora que domina el escenario nacional, con un presupuesto público caucionado por el pago de la usurera deuda externa.

Kicillof con los fondos buitres

La urgencia de los “nacionales y populares” por incautar hasta el último peso crece a medida que se acerca el 9 de octubre, fecha fijada (después de seis postergaciones sucesivas) para cerrar el canje de la deuda y salir del default técnico. Todo indica que la crisis continuará, porque aumentan las exigencias de los bonistas al calor de las presiones capitalistas y las tendencias devaluadoras.

Según Carlos Bianco, jefe del gabinete provincial, la transferencia del Tesoro Nacional “no entra en la Ley de Coparticipación”, señal de que Kicillof quiere la totalidad del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para ofrecerlo en garantía al comité de acreedores y los bonistas buitre. La cesación de pagos provincial está bloqueando el otorgamiento de los 500 millones de dólares de nueva deuda, que fue votado sin grieta por kirchneristas, pejotistas, massistas y cambiemitas en la Legislatura.

El paquete en disputa con los alcaldes incluye además otros 100.000 millones de pesos girados por Nación, de los cuales unos 75.000 millones serían de “libre disponibilidad”. Las intendencias meten presión para que Kicillof abra la billetera, invocando la caída en flecha de la recaudación tributaria y una explosión social en proceso por el agravamiento del hambre, los despidos, la desocupación del 30% y las tomas de tierras cada vez más extendidas.

La partida de 30.000 millones de pesos girada a la provincia no está destinada a planes de vivienda y urbanización, sino a reforzar la represión y desalojo que preparan Kicillof y la Bonaerense en Guernica, y a incrementar la capacidad de fuego del aparato represivo contra los reclamos populares. La lucha por la “monopolización” de los recursos policiales apunta al control mafioso de la caja represiva al interior del Estado y la alianza gobernante. A la hora de ordenar el desalojo en Guernica, los intendentes son los más empeñados en promover la intervención de la policía, acusando de “usurpadores” y “delincuentes” a las 2.500 familias que luchan por la tierra y la vivienda. Es el mismo discurso del cristinista Sergio Berni, que quiere hacer de Guernica un tubo de ensayo represivo a gran escala.

Todos ajustadores

El gobierno de Kicillof abrió el paraguas, advirtiendo que los recursos de Nación van a llegar por tramos y en cuotas, pero no para los municipios. Según el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, “este fondo no tiene como característica establecer un nivel de coparticipación hacia los municipios”. Es decir, que la Gobernación kirchnerista quiere reservarse discrecionalidad para disciplinar a los alcaldes, especialmente los del peronismo y allegados al “albertismo”.

Kicillof invoca la lucha contra la pandemia para quedarse con el 100% de los recursos. Es una impostura, si se tiene en cuenta que son los trabajadores los que financian a los sanatorios y clínicas privadas con los fondos del Ioma, la obra social de los trabajadores del Estado bonaerense. Al igual que Alberto Fernández, el gobernador se opone a la centralización del sistema de salud a pesar de los 400.000 contagios y las más de 12.000 víctimas fatales. El Fondo de Fortalecimiento Fiscal no implica la “satisfacción de un reclamo histórico”, como “sarasean”  Kicillof y las burocracias kirchneristas, sino un instrumento al servicio de la represión contra los reclamos populares y garantía de pago a los fondos buitres.

En este cuadro, a las paritarias 0 de Kicillof se suma el candado a las paritarias municipales. Denunciamos a las intendencias responsables del cepo salarial, mientras preparan nuevos impuestazos y medidas privatistas para descargar la crisis sobre los trabajadores. Por lo pronto el intendente kirchnerista de Berisso, Fabián Cagliardi, aliado directo del cristinista de Ensenada Mario Secco, pretende privatizar el cobro de las tasas y servicios premiando a los parásitos privados con un 25% de lo recaudado en el distrito.

Es necesario organizar la intervención de los trabajadores en de defensa del salario y del trabajo, para luchar por el no al pago de la deuda externa, el aumento inmediato del 40% a los trabajadores bonaerenses y municipales, y por paritarias sin techo; por un seguro al desocupado no inferior a los 45.000 pesos, y un impuesto extraordinario a los capitalistas de la provincia en función de financiar un plan de viviendas, urbanización y salud bajo control de los trabajadores.