Axel Kicillof y los intendentes mantienen una tensión permanente, principalmente por cuestiones de caja, en una provincia cuyas arcas están en rojo. Pero en lo relativo a la flexibilización de la cuarentena para habilitar que las empresas reactiven sus actividades no hay grietas. El día de hoy fue publicado en Boletín Oficial de la Nación un listado de ramas que podrán volver a funcionar en varios distritos del Gran Buenos Aires.

Se trata de partidos muy populosos, en algunos de los cuales, como San Martín, retomarían unos 18 rubros. Se puede notar la puesta en funcionamiento de ramas enteras, como es el caso de las automotrices y autopartes que además de en el mencionado partido de la Zona Norte también se reactiva en La Matanza y Pilar (junto a otra docena de rubros), y hasta en Tres de Febrero y Zárate (donde solo se habilitan esos). Que Kicillof y Alberto Fernández hayan protagonizado un acto en la reapertura de la planta de Volkswagen en Pacheco es un fiel reflejo de cuál es el interés que guía la política oficial. En Quilmes, por su parte, se retoma la producción de juguetes y textiles.

Para atajarse de las consecuencias que esta apertura pueda llegar a tener, en momentos en que están explotando verdaderos focos de contagio comunitario de coronavirus, el decreto del gobierno nacional establece que las empresas deberán garantizar medidas sanitarias de prevención y el traslado de sus empleados para evitar que utilicen el transporte público. Es un fraude, y veamos por qué.

En las actividades que ya están funcionando el riesgo para la salud de los trabajadores es alto, y las patronales incumplen protocolos y disposiciones sanitarias sin que exista control alguno por parte del Estado. Recientemente se confirmaron once casos positivos de Covid-19 en la construcción del Parque Eólico en el partido de Villarino, en el sudeste provincial, y ni siquiera se ha sancionado la negligencia de las contratistas.

En el propio distrito de Quilmes, gobernado por la camporista Mayra Mendoza, se confirmó en los últimos días un caso en la fábrica de vidrio Cattorini, que la patronal ocultó evitando activar el protocolo y poniendo en riesgo a los 500 trabajadores. Recordemos que en esa zona industrial están el barrio La Matera, donde se registraron numerosos contagios y el frigorífico El Federal donde un operario falleció por coronavirus y fue clausurado solo por la acción de sus trabajadores cuando se había convertido en un foco de infección. Los hospitales Iriarte y Ollier están cruzados por los reclamos del personal por las condiciones de exposición en que deben trabajar.

La misma realidad se repite en el resto de los distritos en cuestión. La Matanza y San Martín son los partidos donde mayores infecciones se registraron, con algunos datos verdaderamente graves. En el primer caso, el distrito gobernado por el pejotista Fernando Espinoza, semanas atrás se confirmaron decenas de casos positivos en la clínica Los Cedros, y el cuadro es similar en los hospitales Balestrini, Simplemente Evita y Paroissien; por lo cual crece el riesgo de un colapso sanitario en caso de una mayor circulación del virus.

En San Martín, la fábrica de cosméticos Millanel nunca respetó la cuarentena, superpuso turnos laborales y confirmó un caso de coronavirus la semana pasada. Ello en un partido ya sacudido por el contagio masivo en un geriátrico y antes en el Hospital BelgranoCladd denunciaron que fueron obligados a volver a trabajar sin protección. Todo ante la inacción de las autoridades provinciales y del intendente oficialista Fernando Moreira.

Mencionemos también que por la negligencia empresarial se habían registrado infecciones en el Puerto de Zárate, donde ahora se sumarán a la actividad automotrices y autopartistas. Sumemos que en Lanús, cuyo intendente PRO Néstor Grindetti es un activo impulsor de la flexibilización, se expuso recientemente a los ferroviarios de la Línea Roca de los Talleres de Escalada porque la empresa no comunicó un caso positivo de Covid-19. Es justamente por el desmanejo patronal que se convierte en criminal el lobby “aperturista” de los jefes comunales y el gobierno de Kicillof.

La lista podría ser más larga, pero lo dicho refleja que no habrá control sobre las normas de seguridad e higiene que imponen las patronales, ni sobre la efectiva instauración de turnos y modalidades de trabajo que permitan sostener el aislamiento necesario. Menos aún se verificará que se garantice el transporte de los trabajadores para evitar que se expongan en colectivos y trenes; lo que prima es la indicación al usufructo de transportes personales, y en definitiva los únicos controles pesan sobre el trabajador que se traslada y no sobre la empresa que no provee un medio de transporte.

En este cuadro, es notorio que desde la Gobernación hayan salido a bajarle el tono a los roces con la administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta. Los dardos de Kicillof contra Larreta cuestionando su habilitación a los comercios no respondían a diferencias sustanciales en el manejo de la crisis sanitaria, sino que expresaba la preocupación por desligarse de parte del costo político que tendría un contagio masivo como el de la Villa 31 en las extensas barriadas obreras del Gran Buenos Aires.

El ejemplo de Córdoba, donde el gobierno de Juan Schiaretti debió dar marcha atrás con la flexibilización de la cuarentena por un brote de contagios, muestra que la política de satisfacer la presión patronal es una amenaza contra la población trabajadora. La única salida de esta contradicción es un control popular efectivo de la cuarentena y de la actividad económica; la conformación de comités obreros de seguridad e higiene con potestad de parar la producción en caso de incumplimiento de las medidas sanitarias de prevención; y un aumento de emergencia del presupuesto de salud, poniendo todos los recursos del sistema sanitario público y privado bajo control de los trabajadores. El gobierno del rescate de la deuda externa tiene otras prioridades.