El gobierno nacional acaba de apelar un fallo judicial que había declarado  inconstitucional a la “ley espía” que legaliza el espionaje estatal de e-mails y comunicaciones telefónicas sin necesidad de que intervenga un juez ni se inicie una causa penal. Un recurso de amparo había invocado “el derecho a la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones” (Ambito, 3/6).

La ley, votada entre gallos y medianoche, autoriza el registro y control de comunicaciones por teléfono, mail o chat, páginas web visitadas y cualquier otro tipo de intercambio de información que cualquier persona pueda realizar por estos medios. La norma establece el archivo de esta información por el término de diez años, exigiendo a las empresas involucradas las inversiones necesarias, lo cual provocó que una cámara que agrupa a algunas de estas compañías interpusiera el amparo.

En su momento, las profundas repercusiones ante esta norma violatoria de derechos constitucionales, “que genera un grado de vigilancia permanente” sobre la población (Página/12, 10/4), llevaron a Kirchner a decir que “jamás se creyó que se podía invadir el derecho a la intimidad o los derechos individuales” (Ambito, ídem), y a asegurar que modificaría la norma y derogaría el decreto que la reglamentaba. No sólo no lo hizo, sino que ahora bloquea el fallo que plantea la inconstitucionalidad de la ley, la cual debe verse como un elemento fundamental del aparato de vigilancia y control que Kirchner pretende imponer al conjunto de la población.