Durante un largo año, el gobierno repitió hasta el cansancio que la única deuda que podía sustentar la vapuleada economía argentina no debía superar el 25% del valor de la que había quedado impaga luego de la bancarrota capitalista del 2001. En oposición a esta propuesta, el FMI le reclamó a Kirchner que negociara de “buena fe”. El martes pasado, el ministro Lavagna anunció, sin mosquearse, que la Argentina planteaba ahora una ‘quita’ de 60.000 millones de dólares sobre una deuda que hizo aumentar de 82.000 a 105.000 millones de dólares, al incorporarle el 100 por 100 de los intereses que quedaron impagos desde el final del 2001 (23.000 millones). La ‘quita’ del 75% quedó reducida, de este modo, al 58%. Esto lo deja perfectamente en claro el insospechable Clarín.

Cuando se desarma la manipulación oficial, lo que queda en claro es que la oferta inicial de reducir la deuda impaga a 20.000 millones de dólares se ha transformado en el reconocimiento de 45.000 millones de dólares. Con un pase mágico, el ‘zar’ Lavagna le concedió a los usureros 25.000 millones de dólares por encima del planteo inicial. O sea, el equivalente a un año de recaudación tributaria.

Pero tampoco ha sido la ‘última palabra’. La nueva oferta reemplaza los bonos actuales por un menú de tres títulos, que incorporan diferentes ‘mejoras’. Por ejemplo, habría un llamado “bono par”, sin ‘quita’ ninguna, y otro “cuasi-par”, que sería igual a 1,40 más CER del título que vendría a reemplazar, ajustándose en el futuro por inflación. Estos bonos nuevos tendrían un interés igual al del mercado de Londres, es decir que no hay ‘quita’, pero además se le agregan otros dos puntos de interés. El ajuste que tendrá este título en función de la inflación (que se prevé en ascenso), le reportaría una valorización adicional con relación a otros precios de la economía, como por ejemplo los salarios, e incluso frente al dólar si se mantiene la tendencia de éste a la devaluación. En todos estos casos, las distintas variantes de valorización que se ofrecen a los nuevos bonos en el tiempo, achicarían la ‘quita’ del 58% hasta porcentajes inferiores al 50%. En dinero contante, la ‘quita sería equivalente a 52.500 millones de dólares –igual al monto de deuda que quedaría a pagar. Esta suma significa el reconocimiento de casi el 65% de la deuda impaga a diciembre del 2001, que era de 82.000 millones de dólares. Mientras Lavagna ‘jugaba’, de este modo, con una plata que no es suya, la deuda impaga se cotizaba en el mercado a valores que estuvieron oscilando entre el 20 al 35% de su valor nominal. El gobierno ‘nacional y popular’ está ofreciendo el doble.

Quedó ‘picando’, en la conferencia de prensa del martes, la posibilidad de otro acto de “buena fe” de parte de Kirchner: el ofrecimiento de un pago ‘cash’ que oscilaría entre 700 y 1.000 millones de dólares. El canje de un título en ‘defol’, por dinero, equivale a un reconocimiento de ese título en cinco veces más de su valor actual. Con este ‘gesto’, la deuda que se terminaría reconociendo sería de casi 60.000 millones de dólares –o sea, un 75% del valor original de 82.000 millones de dólares. Es decir que en lugar de una ‘quita’ de ese porcentaje tendríamos, al revés, un reconocimiento del 75% de la deuda impaga. Para Van der Kooy, de Clarín (2/6), esta sangría nacional “es un precio in-fi-ni-ta-men-te menor, ¡con certeza!, a cualquier solución buscada sólo a través de pasiones y de dogmas” (los signos son nuestros, J.A.). La misma habilidad para la ‘prudencia’ demostró Elisa Carrió, para quien, “ahora… no es momento de críticas sino de ser cautos en esta instancia decisiva para el país y de apoyar la negociación”. La autoasignada ‘fiscal’ del ‘viejo régimen’ y de la ‘corrupción’ ha arrugado como un bandoneón ante la expresión más alta de ese régimen y del robo social: la deuda confiscatoria.

Kirchner contrae, con esta propuesta, una hipoteca criminal para el futuro próximo y lejano. Está forzado, cualesquiera sean las circunstancias, a cumplir con el compromiso de un superávit fiscal del 3,3 al 3,5% del PBI, unos cinco mil millones de dólares, lo que significa un ajuste permanente del presupuesto en detrimento de los salarios, de los gastos sociales e incluso de la inversión pública. Debe hacerlo, además, porque de ese ajuste dependerá la cotización que los nuevos bonos tengan en el mercado; si no lo hiciera, los bonos caerían, subirían las tasas de interés y se desataría una fuga de capitales.

Kirchner y Lavagna han encadenado al pueblo trabajador e incluso al país y le han tirado la llave a los banqueros internacionales.