Al derogar el decreto de De la Rúa que impedía a los jueces considerar los pedidos de extradición de militares, el gobierno se propone mantener la impunidad, pero por otros medios. Fiel al estilo de cambiar algo para que nada cambie, “la intención real del Presidente es evitar las extradiciones y procurar que sólo (sic) los casos aún no juzgados se reabran y únicamente en tribunales argentinos” (La Nación, 30/7).

En realidad Kirchner estuvo obligado a actuar luego de que fueran ordenados los arrestos de varias decenas de milicos involucrados en el genocidio de los años setenta; porque el decreto de marras “estaba a punto de ser declarado inconstitucional por el juez Canicoba Corral (sin lo cual) no podía mantener las detenciones” (La Nación, 27/3). En contra de las extradiciones se pronució también el candidato a la Corte Raúl Zaffaroni, en línea con las posiciones de los ex ministros de De la Rúa Gil Lavedra y Horacio Jaunarena.

Por lo tanto, fingiendo fidelidad a la “Justicia”, el propósito oficial es continuar el retorcido camino a la impunidad. Como hay que proceder paso a paso, lo que pretende el gobierno es acabar con la historia de las extradiciones. La Nación apuntó que “sectores militares en actividad han hecho llegar a la Corte la opinión de que sería mejor voltear esas leyes (de Obediencia Debida y Punto Final) para evitar las extradiciones” (La Nación, 3/8). Pero aún en este caso, podrían admitirse las sentencias ya dictadas en su nombre en función del planteo de la “cosa juzgada” (nadie puede ser enjuiciado dos veces por la misma causa) y/o del criterio de “la ley más benigna”. Precisamente por eso, sólo se “reabrirían” los casos no sometidos a juicio con anterioridad. Entre los casos ya “cerrados” estarían diez de los 45 detenidos a pedido del juez Garzón, que en su momento fueron indultados por Menem.

En cualquier caso, los medios de prensa que hurgan en los pliegues y repliegues del régimen coinciden en señalar que mediante diversas chicanas jurídicas el asunto puede estirarse… varios años. Inclusive con la admisión de que el costo de todo este operativo fuera alguna condena aislada, que bien podría ser la de Astiz. De todos modos, Kirchner ha establecido públicamente que la política oficial debe ser comprendida no sólo como u na “reparación” del régimen “democrático”, que ya aseguró dos décadas de impunidad, sino de las propias Fuerzas Armadas, es decir que tiene una finalidad reaccionaria.

El asunto es muy concreto, porque con las instituciones represivas “remozadas”, el gobierno pretende comprometerlas en “la lucha contra el terrorismo internacional”, una de las destacadas coincidencias de la reciente entrevista presidencial con mister Bush (ver artículo en página sobre Balza). Tras el supuesto palo derechohumanista a las Fuerzas Armadas está la zanahoria de un “nuevo rol” para los uniformados y la tentativa de un acuerdo más general con el imperialismo que naturalmente ha apoyado la pretendida lucha contra… la impunidad. La demagogia y los ademanes setentistas, como se ve, funcionan como un bumerang: nos devuelven al punto de partida de la preservación de los aparatos estatales de la represión y de la entrega.

La conclusión de todo esto es la siguiente: la lucha por “cárcel a los genocidas”, contra la impunidad, debe plantearse en los términos no de apoyo sino de una completa independencia de las maniobras del oficialismo. No para apoyar al Presidente “progre” – algo que se está transformando en una especie de moda – , sino para desenvolver una política propia de los trabajadores y los explotados y de defensa de las libertades democráticas, no de sus enemigos. Es decir: juicio y castigo a todos los criminales y a sus cómplices, disolución de los servicios de seguridad, por una política militar al servicio de la causa nacional y social, no del imperialismo.