Políticas

5/6/2003|803

Kirchner profundiza la privatización previsional

El nuevo ministro de Trabajo, Carlos Tomada, le dio un contundente apoyo a la propuesta de reforma previsional que elaboró su antecesora Graciela Camaño. “Se trabajará sobre la base de los lineamientos de reforma que presentó semanas atrás el secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand, quien continuará al frente de esa Secretaría” (Clarín, 1/6). El proyecto de Camaño rebaja las jubilaciones, disuelve el sistema público y refuerza a las Afjp.


Tomada también dijo que “descarta el envío de un proyecto de ley abriendo la opción a los afiliados a las Afjp de volver al régimen público, como figura en el Plan de Gobierno” (ídem). De este modo, en una semana el gobierno de Kirchner mandó al tacho una de las grandes promesas de la campaña electoral.


“Según la propuesta, desaparecen tanto la Prestación Básica Universal (hoy de 200 pesos) como la Prestación Compensatoria por los aportes hechos antes de la reforma de 1994, a las que tienen derecho hoy tanto los trabaja dores afiliados al Estado como a las Afjp… En su lugar, el Estado se hará cargo de una jubilación asistencial para los mayores de 70 años sin ingresos o con menos de 6 años de aportes, de un haber mínimo para los que no alcancen esa suma porque tuvieron pocos aportes o salarios muy bajos, y de un haber garantizado proporcional a los años de aportes durante toda la vida laboral (y no sobre los últimos 10 años como se calcula ahora). A esto habrá que agregar la jubilación que obtenga el trabajador por sus aportes a las Afjp, cuyo valor dependerá del valor acumulado en su cuenta individual”. Pero la jubilación privada será más baja aún porque “es muy probable que disminuya la parte del aporte del trabajador que ingresa en su cuenta personal” (ídem).


Está definido así de una manera muy simple el contenido reaccionario y privatizador de la reforma kirchneriana, que marca una clara continuidad con los planes de Menem, Cavallo y De la Rúa. Porque desde que en 1994 se reformó el sistema previsional, el objetivo de la burguesía fue reducir las jubilaciones y desconocer los aportes hechos por los trabajadores hasta ese momento, de manera tal que los jubilados y la clase obrera financiaran la reducción de los aportes patronales y el desvío de los aportes a las Afjp que, entre 1995 y 2001, sumaron 75.000 millones de pesos.


No hay que olvidar que cuando se lanzó la reforma previsional en 1993, el proyecto original planteaba desconocer los aportes hechos al Estado por parte de los trabajadores menores de 45 años, postura que fue dejada de lado por la gran reacción popular que despertó semejante engendro reaccionario.


En 1995, Cavallo volvió a la carga y logró hacer pasar la ley de “Solidaridad Previsional” que eliminó el ajuste de las jubilaciones y pensiones y la movilidad de la Prestación Básica Universal (PBU) y le puso un tope a las jubilaciones del Estado. Luego, tanto Roque Fernández como Machinea intentaron sin éxito hacer pasar una reforma previsional que aumentaba la edad jubilatoria de las mujeres y reducía la Prestación Básica para las jubilaciones menores a 800 pesos y la eliminaba por completo para las superiores a esa cifra.


La reforma que empezó a delinear Graciela Camaño pareció que transitaría por otros carriles porque criticó en varias oportunidades a las Afjp. Luego, también Lavagna admitió el fracaso de la reforma previsional de 1994. Pero con esas críticas lo que ambos buscaban era un crédito o un cheque en blanco para hacer una “reforma integral” que ayudara a resolver el desfinanciamiento provocado por la jubilación privada reduciendo las jubilaciones y no confiscando a las Afjp. El eje de esa “reforma integral” es justamente la eliminación de la PBU y de la Prestación Compensatoria, que reconoce los aportes hechos al Estado.


Pero el propósito reaccionario no se limita a esto. “Las contribuciones patronales seguirían ingresando en las arcas del Estado pero sobre la totalidad del sueldo, sin topes. Y todos los trabajadores activos aportarían a las Afjp también sobre la totalidad del sueldo (y no hasta 4.800 pesos como es ahora). Así quedaría eliminada la opción entre el sistema público y el régimen privado” (ídem). En otras palabras, los que hablan de fortalecer el papel del Estado completarían la privatización jubilatoria con el pase de todos los trabajadores a las Afjp.


El negocio para las Afjp es redondo. “Las Afjp cobrarán sus comisiones sobre una mayor cantidad de afiliados ÿpor el traspaso de los trabajadores activos que hoy están afiliados al Estadoÿ y sobre el total del fondo administrado y, eventualmente, sobre la rentabilidad. Pero no sobre los aportes mensuales que rigen ahora. De esta manera, también pagarán comisión los afiliados que no aporten regularmente (por estar desocupados o no registrados), ya que el importe se descontará de sus cuentas” (ídem).


El PO denuncia esta reforma reprivatizadora y plantea la confiscación de las Afjp, un sistema previsional estatal único, bajo control de los trabajadores y jubilados, en base al 82% móvil y financiado exclusivamente con aportes patronales.