El gobierno anunció, a través de un proyecto de ley, una “asistencia financiera” para que los familiares de Cromañón les paguen a sus abogados que los patrocinan en sede penal hasta que se dicte sentencia.

 

El proyecto transforma a los abogados de los familiares en “profesionales contratados” del Estado, al menos a los efectos de esta causa. Pero con el agravante de que el Estado será –junto con Chabán– el principal demandado.

 

Los Estados nacional y de la Ciudad terminarán, de todos modos, sufragando las costas de estos juicios, dadas las evidencias –cada vez mayores– contra los funcionarios porteños y contra la Federal (Cuerpo de Bomberos y Comisaría de la zona). Pero en ese caso, el Estado terminaría pagando los honorarios del juicio sólo cuando se dicte sentencia. En cambio, la pretensión de “financiar” el juicio por parte del propio inculpado es un claro condicionante para el desarrollo de la demanda.

 

Este proyecto persigue otro fin pérfido, al interior de las filas de los propios abogados. La “asistencia financiera” atraerá a la causa a “cuervos inescrupulosos”, que nunca asistirían a familias trabajadoras si no contaran con pagos adelantados para sostener estas demandas. Sólo los abogados militantes están dispuestos a llevar estas causas sin cobrar un peso hasta que la sentencia firme regule las costas.

 

Naturalmente que los “cuervos” serán también proclives a “arreglos” que eximan a los funcionarios del Estado –de la Ciudad y nacional– de su responsabilidad criminal (en sede penal la responsabilidad es sobre el funcionario, no sobre la institución).