Políticas

20/7/2006|955

Kirchner sigue destruyendo las jubilaciones

La decisión de provincias y municipios “de cambiar planes sociales por jubilaciones” (Clarín, 12/7) confirma que el objetivo del gobierno es transformar el régimen previsional en un sistema asistencial, como quieren el Banco Mundial y las AFJP.


La medida de gobernadores e intendentes consiste en jubilar a través de la moratoria a los que les falta o no tienen aportes, pagando la primera cuota con dinero del presupuesto provincial o municipal. Hasta aquí todo parece positivo, porque esos nuevos jubilados cobrarán al menos entre 250 y 300 pesos por mes; de la jubilación mínima vigente les descontarán las siguientes 59 cuotas de la moratoria.


¿Pero de dónde saldrán los fondos para pagar estas jubilaciones recortadas? ¿Del cese del pago de la deuda externa? ¿De un impuesto a los grandes pulpos que están remitiendo al exterior ganancias récord?


Una pista la da la propia información de Clarín: “De los jubilados que perciben haberes superiores a la mínima y que recibieron hasta ahora aumentos muy inferiores a la inflación. Esos jubilados recibieron un ajuste de apenas 10% y otro del 11%, cuando la inflación desde la devaluación fue del 82%. Y para los que ganan más de 1.000 pesos, la suba fue de sólo el 11%, desde junio pasado”. Es decir que las jubilaciones que están por arriba de la mínima financiarán a los que están por abajo. Más claro, integremos a los que no reciben nada, destruyendo definitivamente el sistema jubilatorio argentino y su 82% móvil, incluso si la propia Corte califica a esto de inconstitucional. ¿Serán para esto los “superpoderes” permanentes?


¿Por qué el gobierno “nacional y popular”, que se opone a aumentar los planes de 150 pesos, extiende la cobertura previsional de subsistencia? Para extorsionar a los jubilados que aportaron toda su vida y no cobran el 82% móvil, diciéndoles: si reconocemos sus derechos no podemos darle una jubilación de subsistencia a los que estuvieron desocupados por culpa del capitalismo o en negro por culpa de sus patrones. Estos responsables no ponen nada por sus fechorías. La deuda externa, Techint, los que saquearon el país, los bancos, no existen. Sólo existen los jubilados con ingresos por arriba del mínimo, a los que no se les aumenta lo que corresponde, con el pretexto de “ayudar” a los que no tienen jubilación. Esta es la redistribución de ingresos del señor Kirchner.


Se trata de una política “recomendada” por el Banco Mundial. Consiste en mantener congelados los 150 pesos del plan Jefes (para deprimir los salarios y hacer retroceder al movimiento piquetero independiente) y, por otro lado, que el Estado “asegure” una jubilación mínima “universal”, de subsistencia. Los que quieran ganar un poco más deberán contratar un seguro privado a través de una AFJP o una compañía de seguros. Esto explica que los banqueros, la UIA y demás cámaras patronales no hayan puesto el grito en el cielo por el “derroche” del gasto público. Es que lo que el Estado pone de un lado, lo saca del otro.


La actual moratoria previsional que permite jubilarse a los que adeudan años de aportes busca imponer la jubilación asistencial, a la vez que constituye un “perdón” a los patrones que tuvieron a los trabajadores en negro.


Los que se inscriben en la moratoria en planes de hasta 60 meses, pueden jubilarse con la mínima, mientras le deducen la cuota del haber. O sea que durante cinco años van a cobrar menos que la mínima. Pero esa moratoria, a la que se presenta como una “solución” para aquellos a los que les falta años de aportes, en la inmensa mayoría de los casos se debe a que el trabajador estuvo trabajando en negro y no pudo ni puede, al momento de jubilarse, justificar los 30 años de aportes mínimos.


Lo correcto sería que el Estado reconozca los años trabajados en negro, porque la responsabilidad por el cobro de los aportes corresponde a la Afip/Anses y no al trabajador. En cambio, con la moratoria, el trabajador tiene que pagar los aportes no ingresados por su patrón.


Mientras tanto, el gobierno mantiene la ley de “Solidaridad Previsional” sancionada por Menem-Cavallo, que eliminó el ajuste automático de las jubilaciones por el incremento del costo de vida o de los salarios, anuló la movilidad o ajuste de las jubilaciones como proporción del sueldo de los activos (por ejemplo, 82% móvil) y condicionó cualquier aumento a lo que anualmente determine la Ley de Presupuesto. Por supuesto, desde que en 1995 sancionó esa ley, el Congreso no aprobó ningún ajuste en las jubilaciones. Todo esto, a pesar de que la Corte Suprema declaró la validez del 82% móvil para los docentes y del 85% móvil para los investigadores científicos; que el gobierno se niega a pagarlo, con la complicidad de la Ctera.


Pero la falta de movilidad arranca inclusive antes de jubilarse. “Eso sucede porque la jubilación inicial se calcula según el sueldo promedio de los últimos 10 años, sin ningún ajuste por la variación de los precios o de los salarios. Y eso a pesar de que el artículo 24 de la ley previsional vigente, sancionada en 1993, dice que debe calcularse ‘sobre el promedio de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, actualizadas y percibidas durante el período de diez años inmediatamente anteriores a la cesación de servicios’. Pero ninguno de los gobiernos que se sucedieron reglamentó este artículo, más aún después 2001, cuando volvió a dispararse la inflación” (Prensa Obrera, 16/4).


De esta manera, cuando el trabajador se jubila, su haber inicial ya es un 25 ó 30% más bajo que el que le correspondería. Luego, como esa jubilación baja no tiene movilidad, termina licuándose por la inflación y es lo que explica que el haber medio solamente represente el 40% del sueldo medio.


“Además, desde 1998, por un decreto, el valor de la Prestación Básica Universal (PBU) quedó congelado en 200/230 pesos, según los años aportados, cuando debería ser actualizado según la variación de la recaudación previsional. Según los datos declarados por las empresas, desde 2002 los sueldos acumulan un alza promedio nominal del 65%” (Clarín, ídem). O sea, la PBU debería ser de 330/380 pesos.


Programa


Además de aumentar el beneficio de los planes sociales, la solución jubilatoria es simple.


• Haber mínimo de 900 pesos.


• Actualización según el costo de vida del sueldo que se toma como referencia para el cálculo de la jubilación.


• Anulación de la ley de “Solidaridad Previsional”. 82% móvil, retroactivo al momento de la jubilación.


• Reconocimiento de los años trabajados en negro.


• Anulación de la jubilación privada. Sistema jubilatorio estatal único, bajo control de los trabajadores y jubilados.