30/10/2003 | 823

Kirchner y el grito del tero

El derrumbe del sistema eléctrico plantea una crisis para la cual «no se espera una solución a corto plazo» (La Nación, 22/10).


La realidad es que desde 1998 no se ha invertido un solo peso en infraestructura.


El servicio eléctrico fue seccionado en tres partes: una genera energía; otra la transporta, y una tercera la distribuye. Sólo en el área de la generación de energía se han dejado de realizar obras mínimas por 3.000 millones de dólares. En rigor de verdad, «las únicas obras de generación y de transmisión, así como de tendido de redes, son las que ejecutó el Estado» (Página/12, 23/10).


Los «colgados» de las empresas eléctricas han salido a exigir el aumento de las tarifas y la realización de las inversiones necesarias.


Las empresas amenazan con apagones, aunque Kirchner y los gobernadores han salido a desmentirlas.


La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que está presidida por el secretario de Energía, confirmó oficialmente «que en los próximos meses no estará en condiciones de atender el aumento de la demanda» eléctrica (Clarín, 21/10).


El apagón «inevitable»


Pero la principal justificación de las empresas para eludir «inversiones» es la cesación de pagos. El default es consecuencia de haber capitalizado todos los beneficios, lo que las obligó a endeudarse, y la mayor parte de sus deudas son auto-préstamos.


Además, las empresas generadoras de electricidad «no tienen obligaciones de inversión ni de producción. Ni siquiera están encuadradas en el concepto de servicio público» (La Nación, 22/10). Las transportadoras y las distribuidoras «tampoco tienen obligaciones de expansión del sistema» (ídem). El colpaso se retrasó gracias a la «recesión desatada a partir de 1999, que perduró hasta fines de 2002 (lo que) permitió disimular las falencias» (Página/12, 23/10).


Shock eléctrico


La campaña de enfrentamientos verbales de las privatizadas con el gobierno y los apagones de rigor, busca obligar al gobierno a renegociar los contratos: aumentar las tarifas, que el Estado se haga cargo de la «sustentabilidad del sistema a largo plazo», que se flexibilice (todavía más) los plazos de la entrega de energía, y que se reduzcan las exigencias sobre la calidad del servicio (Infobae, 22/10).


Se trata de «permitir a las empresas renegociar sus pasivos en cesación de pagos con sus acreedores» (ídem). Los «colgados» eléctricos exigen del gobierno que los rescate de su propio «autoendeudamiento».


La agachada «inevitable»


Mientras, «las empresas acordaron bajar el tono de la discusión con el gobierno», y Kirchner confirmó que «la intención del gobierno es negociar con las empresas» (La Nación, 23/10).


El gobierno de Kirchner ha decidido comenzar inversiones en el área eléctrica, «asumiendo el riesgo de la transición» (Infobae, 22/10), y enchufarle los tarifazos a la población.

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