La semana pasada, K firmó un decreto por el que se les concede a las provincias la posibilidad de negociar directamente con las petroleras la concesión de la exploración y explotación de áreas petroleras que la nación no haya concesionado aún.

Esto plantea, para el caso de Salta, la posibilidad de entregar áreas que en su mayoría ya han sido exploradas por YPF. Es un paso hacia la sanción de la ley de hidrocarburos, que está hace varios años en el Congreso y que impulsa el traspaso total de los derechos de adjudicación a los estados provinciales. En el debate de esta ley ya se acumulan denuncias de coimas contra la senadora Sapag.

El propósito es imitar el modelo del acuerdo de Repsol en Neuquén por la concesión del principal yacimiento gasífero (Loma de la Lata) del país en el que se realizaron contratos a futuro con inicio en el año 2015 (cuando vencen las actuales concesiones).

Lo que se busca con este decreto es una suerte de “remate” anticipado del gas y el petróleo de las próximas generaciones.

Para saber a dónde va Romero basta ver la emisión, hace dos años, de los bonos hidrocarburíferos que entregaron las regalías petroleras por los próximos 15 años para garantizar el pago de una deuda de 235 millones de dólares. El remate de los ingresos a futuro en concepto de impuestos o tasas a las petroleras, en el caso de los municipios es una práctica habitual. Así ocurre en el norte salteño; por ejemplo, en el Municipio de Aguaray, en donde por una suma fija las operadoras obtienen ordenanzas y convenios que las eximen de pagar impuestos por años.

El abrazo Kirchner-Romero tiene el auspicio de las petroleras, que prefieren negociar directamente con los estados provinciales, a los que van a imponer condiciones aún más leoninas que a la Nación.

Los diarios ya comentan que Romero habría roto con Menem; Kirchner a su vez abandonó a su suerte a los kirchneristas salteños que se han jugado por el No en las elecciones constituyentes del 24/8.