14/11/2002 | 780

La actualidad del «que se vayan todos»

En la última semana ha crecido la opinión de los medios de prensa de que no habrá elecciones en marzo y que finalmente éstas podrían tener lugar en octubre de 2003 como estaba previsto antes de que Duhalde se hubiera visto forzado a adelantarlas. Incluso si Duhalde mantuviera su decisión de irse en mayo, ello se interpreta como una segunda maniobra que lo llevaría a candidatearse en octubre. En la conferencia de empresarios capitalistas realizada recientemente en Mar del Plata, fue manifiesto el descuido con que se trató el tema electoral. En lo que podría interpretarse como un guiño para la postergación de los comicios, los grandes patrones del evento ensalzaron al ministro Lavagna, cuyo gran mérito hasta ahora ha sido mantener a Argentina en una carpa de oxígeno, proveyendo dinero a los bancos por la vía de la emisión monetaria y manteniendo congelados los salarios a pesar del aumento del costo de vida en un 60%. El FMI, por su lado, no volvió a mencionar el adelantamiento de las elecciones para concretar un acuerdo con Duhalde. Finalmente, López Murphy no se privó de reclamar que las elecciones se hagan efectivamente en octubre, como lo prevé la Constitución, lo cual debe haberle provocado alguna crisis con los partidos provinciales que lo apoyan, porque días más tarde el santafesino Natale planteó que debe mantenerse la fecha del 30 de marzo.


La opinión más generalizada es que las elecciones son inviables porque el peronismo no tiene un candidato que lo aglutine. En efecto, Menem sigue concentrando un nivel de rechazo sideral, el 80%; De la Sota no despega y por eso quiere retomar su función de gobernador; Rodríguez Saá cae en las encuestas desde que eligió a Melchor Posse para acompañarlo; Kirchner sigue en su meseta acariciando la esperanza de que Duhalde le entregue a su esposa, Chiche, para vice-presidente. Todo esto significa que la crisis política está abierta como nunca, porque la burguesía no ha logrado erigir un árbitro que imponga a todas sus fracciones una salida común –algo que es perfectamente entendible dada la explosividad del conjunto de la situación económica y social: ni Duhalde ni Lavagna han resuelto la cesación de pagos que afecta al Estado y al conjunto de las grandes corporaciones capitalistas, ni mucho menos la gigantesca desocupación y pobreza de las masas.


Los farsantes


Donde mejor se aprecian las enormes limitaciones que tiene la capacidad de arbitraje del gobierno es en la negociación con el FMI. Después de asegurar que las reservas no se tocarían para amortizar el capital de una deuda con el Banco Mundial, el gobierno farsante se apresta a poner dólar sobre dólar. Continúa, de este modo, lo que ha hecho hasta ahora y lo que pretende hacer de aquí en más, o sea entregar el excedente comercial del país del 2003 y el acumulado, para pagar la deuda externa tanto con los organismos oficiales como con los privados. En el 2002 dilapidó para ello 4.500 millones de dólares de las reservas, más la totalidad del superávit del comercio exterior, de 12.000 millones de dólares.


Un acuerdo con el FMI, que postergara pagos que deben hacerse en el 2003, dejaría paso a la renegociación de la deuda pública y privada con la banca acreedora internacional. Pero, por sobre todo, plantea una liberación del mercado de cambios para que los capitalistas puedan girar divisas al exterior. La burguesía argentina desespera por llegar a este acuerdo porque, como lo planteó en la reunión de Mar del Plata, pretende que el Estado le dé un seguro de cambio por todo el incremento en pesos de la deuda externa luego de la devaluación, o sea que quiere pesificar los 60.000 millones de dólares que debe a bancos extranjeros, lo que para el Estado entrañaría una pérdida de 150.000 millones de pesos o casi 40.000 millones de dólares.


Los 805 millones de dólares que hay que pagar al BM y los 250 millones al BID representan un gasto de presupuesto de casi 4.000 millones de pesos, o sea bastante más que un plan de jefes de hogar para dos millones de personas al año. Si el gobierno no retira ese dinero de sus ingresos tendrá que apelar a un préstamo con un banco público local que financiaría con un redescuento del Banco Central, o sea con emisión de moneda. Esa emisión sería absorbida con la compra por parte del gobierno de los dólares al Banco Central para pagar la deuda.


Resultado, el pago de la deuda con el Banco Mundial y el BID se haría a costa de un nuevo y más grande endeudamiento del gobierno en el mercado local. El saqueo de Argentina, lejos de disminuir como consecuencia de la crisis, ha crecido todavía más. La situación política se convierte así en potencialmente más explosiva.


Ibarra metió la cola


La atomización política sobre la cual cabalga Duhalde para postergar las elecciones, no se limita a la fragmentación del peronismo. Como lo puso de relieve una reunión programática el último sábado, el Ari se encuentra virtualmente dividido: los socialistas hicieron rancho aparte. Las razones de la ruptura no tienen nada que envidiar al peronismo en lo que atañe a la falta de principios y a la intriga.


La ruptura nace de la negativa de Carrió a hacer un frente con Ibarra, que postulase a éste para la reelección en la Ciudad. En respuesta, el agente capitalino de los Roggio comenzó a intrigar con los socialistas, proponiéndoles la vice-jefatura de gobierno. Carrió, en cambio, quiere en la Ciudad al ex ibarrista Eduardo Jozami. Como se puede ver, la oposición centroizquierdista está más corrompida que el propio oficialismo y de espaldas por completo a las inquietudes populares. Los socialistas, para colmo, parecen desconocer la duplicidad de Ibarra, que simultáneamente está negociando el mismo puesto con un ala de la Ucr. Todo esto ocurre luego de que los socialistas decidieran unificarse al cabo de cuarenta años de divisiones, consiguiendo sólo parir un engendro de arribistas.


Otro fenómeno de marginalización política lo acaba de protagonizar Izquierda Unida, que venía penando sin éxito por lanzar una candidatura prácticamente desde enero pasado y más claramente desde el anuncio del adelantamiento de las elecciones. O sea que durante todo el año buscó desembarazarse de las presiones de piquetes y asambleas en función de lanzar sus candidatos. Alega ahora, para justificar su instalación en una campaña electoral que no se concreta, que el movimiento popular ha refluido y que la crisis capitalista no tiene alcances extraordinarios; pero viene diciendo lo mismo desde el comienzo, lo que explica su rechazo a desarrollar en forma sistemática la consigna de Asamblea Constituyente soberana. Su demagogia con la unidad no le ha impedido cocinar sus candidaturas en soledad, sin convocar de conjunto a la izquierda, y no sólo para presidente sino también legislativas, provinciales y municipales; se trata de una soledad por partida doble porque el Pc tiene su precandidato y el Mst el suyo.


Por una Asamblea Constituyente soberana


Hace seis meses Duhalde se veía forzado a someterse a un cónclave de gobernadores peronistas; ahora los gobernadores (y los candidatos) peronistas se encuentran merodeando las cercanías de Duhalde; la fragmentación política del oficialismo y de la oposición le ofrecen al gobierno un espejismo de solidez. Pero para seguir sosteniendo esta situación el duhaldismo necesita seguir manteniendo la zozobra política tanto entre sus rivales como de sus aliados. El «veranito» de Duhalde no es la solución de la crisis política sino, al contrario, su expresión.


Por otro lado, la crisis social no está para nada estancada. Lo prueba la movilización contra las ejecuciones hipotecarias que amenazan a 50.000 familias sobre un universo de 800.000 deudores personales. El propósito confiscador del FMI y los bancos, incluido el banquero del Frenapo, Carlos Heller, ha sido respaldado por Duhalde y Lavagna, que se han movilizado contra una prórroga legal de 180 días. Los grandes capitalistas ya cancelaron sus deudas con títulos públicos que compraron al 30% de su valor nominal.


Tampoco encuentran solución los ahorristas, que esperan un inminente fallo contra los amparos. La Corte pretende, además, darle vía final a la transformación compulsiva de los depósitos en bonos.


Mucho más importante, claro, es la ofensiva contra los trabajadores desocupados que parte, no ya sólo del gobierno, sino del Banco Mundial y de la Mesa del Diálogo de la Iglesia y compañía. Esta ofensiva apunta, en conjunto, a forzar la contraprestación laboral al subsidio de 150 pesos, convirtiéndolo así en un salario, o en su defecto hacer caer la subvención. Por cuerda separada, el clero y el BM quieren ceder los planes de asistencia a las ONG y liquidar de un plumazo al movimiento piquetero. Esta ofensiva pone de manifiesto los límites de una lucha limitada al reclamo de los planes y pone al rojo vivo la necesidad de una acción política de conjunto para echar al gobierno usurpador.


El acuerdo con el FMI no puede cumplir una función estabilizadora porque no pretende de ningún modo restablecer el crédito internacional sino organizar la captura del excedente comercial y reponer las pérdidas de beneficios y capital provocadas por la pesificación. De un modo general, el movimiento del crédito se encuentra en reflujo internacionalmente y en Estados Unidos se habla ya de un «aplastamiento del crédito» (credit crunch) y de una tasa de riesgo para las grandes corporaciones de 900 puntos por encima de la tasa de interés de los bonos norteamericanos a 10 años. En la medida en que un acuerdo con el Fondo impulse la renegociación de la deuda externa, el aumento de las tarifas de servicios públicos, la liberalización del mercado de cambios, la ejecución de deudas, etc.; en esta medida será un acicate para el agravamiento aún mayor de los antagonismos de clase.


En este marco, los 30.000 piqueteros que marcharon el jueves 7 son un testimonio de que el sector más activo y luchador de las masas ha crecido aún más en número y capacidad de movilización. La fragmentación política y el descaro de los partidos oficiales y opositores no hace sino alimentar aún en mayor medida el odio de la población a los agentes políticos del capitalismo. A poco más de un mes del aniversario del Argentinazo, la consigna es, más que nunca: Que se vayan todos, por una Constituyente con poder.

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