En medio de una crisis económica y política manifiesta, el Congreso y las legislaturas continúan con su olímpico receso. Las medidas económicas están confinadas a una camarilla del gabinete, fuera del control de la ciudadanía. Los que se mueven por las arenas playeras, en calidad de “presidenciables”, ni siquiera han sugerido una convocatoria del parlamento. No los detiene el temor a ser denunciados por “destituyentes”; simplemente, esa convocatoria pondría al desnudo que la mayoría de ellos rema por un ajuste aún más intenso que el del oficialismo. Los economistas de la llamada oposición plantean llevar la tasa de interés al 35%, a sabiendas de que provocaría una recesión enorme. Esgrimen el anzuelo de que esa tasa produciría un reflujo de divisas hacia el país, cuando también saben que para los especuladores internacionales el gobierno K no es suficiente garantía de intangibilidad de sus capitales. El caso de las legislaturas es también patético, porque ya se reconoce que los presupuestos para 2014 han perdido vigencia; que no se podrá pagar la deuda dolarizada; y que, como ocurre en Río Negro, el gobernador ha decidido despedir funcionarios y empleados, y reducir salarios.

La agenda del Frente de Izquierda no puede, sin embargo, limitarse al cuadro parlamentario, tanto por motivos fácticos como de método. El Ejecutivo se ha reservado para sí la ejecución de la megadevaluación, Rodrigazo y ajuste, sin tener para ello un mandato popular. El ajuste del gobierno no solamente desconoce que el oficialismo perdió las elecciones de octubre, sino que este ajuste va contra el electorado kirchnerista, que siempre lo votó en función de un planteo “nacional y popular” que viene violando en forma grosera. Para que el Congreso se convierta en el ámbito de denuncia de esta política antiobrera es necesario, asimismo, que la agenda del Frente de Izquierda sea discutida y votada en asambleas de trabajadores y en todo espacio popular. Es doblemente lamentable que, en condiciones tan extraordinarias, el PTS haya decidido usurpar la banca del Frente de Izquierda conseguida en Mendoza y convertirla en un coto. Nuestro partido, en cambio, ha sumado la banca del Partido Obrero, conquistada en Salta, al bloque parlamentario del Frente de Izquierda.

La agenda del Frente de Izquierda en el parlamento debe responder, en primer lugar, a la inquietud de las masas. En resumen, que la devaluación la paguen los capitalistas: por un aumento general inmediato de salarios y jubilaciones, que pase a formar parte de la base de cálculo de las paritarias. Que se prohíban suspensiones y despidos, enteramente a cargo de las ganancias acumuladas de las empresas -de ningún modo por un subsidio del Estado. Ninguna cesantía en la administración pública. Para que los capitalistas comiencen a pagar su propia crisis, planteamos un impuesto que absorba las ganancias extraordinarias que la devaluación ha generado para exportadores y especuladores financieros. Que se vayan los devaluadores de la Anses, a la cual han vaciado en beneficio de los capitalistas que han especulado con éxito a favor de la devaluación: que la Anses sea dirigida por representantes electos de trabajadores y jubilados.

Deuda externa
y privatizaciones

La base de la crisis actual es el rescate sistemático del capital financiero y los privatizadores con los recursos del presupuesto, del Banco Central y de la Anses. Proponemos la investigación integral de la deuda que el kirchnerismo viene pagando y los nuevos compromisos que pretende asumir para abrir un nuevo ciclo de deuda con el capital financiero internacional. En ese listado, se encuentran la deuda con el Club de París, que la dictadura militar estatizó en beneficio de los “capitanes de la industria”, o la deuda que contrajo el gobierno de la Alianza, para financiar la fuga de capitales de la gran burguesía que precedió a la bancarrota de 2001. Esta investigación debe estar a cargo de una comisión independiente, con una mayoría electa por los trabajadores y un representante de cada bloque parlamentario. Exigimos que se investiguen, con el mismo método, los “arreglos” recientes en el Ciadi, que aumentan la deuda externa en beneficio de los fondos buitres que controlan a las empresas privatizadas. En ese mismo paquete se encuentra el reciente acuerdo de indemnización en beneficio de Repsol, la gran vaciadora nacional, por la friolera de 8.000 millones de dólares (es el valor real de los bonos que emitirá el Estado, al 9% de interés en dólares).

Asamblea nacional
de parlamentarios

El gobierno tiene su propia agenda parlamentaria. Lo más importante de ella es evitar que se discuta y se resuelva sobre la devaluación y el ajuste. El 1º de marzo, Cristina Kirchner deberá precisar más esa agenda en la inauguración de las sesiones del Congreso. La reforma reaccionaria del Código Civil ya tiene media sanción del Senado; el interés principal del oficialismo en ella es eliminar la responsabilidad legal de los funcionarios del Estado, con la obvia intención de obtener la impunidad de los que han transitado por el gobierno en la última década. La reforma atenta contra el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y -en otro plano- recorta derechos laborales fundamentales.

La intervención parlamentaria del Frente de Izquierda tendrá una importancia fundamental para su desarrollo futuro, o sea para que adquiera una influencia de masas y para que sus organizaciones se implanten con fuerza en los lugares de trabajo, de estudio y en las barriadas y movimientos sociales.

El debate de esta agenda será el orden del día de la asamblea nacional de parlamentarios del Partido Obrero, a mediados de febrero, que reunirá a los diputados nacionales y de las provincias, como también a varios concejales y a candidatos a la elección en Mendoza Capital. Esta actividad empalma con toda la movilización teórica y práctica del Parido Obrero con vistas al XXII Congreso que tendrá lugar a fines de abril.

Miguel Briante