En marzo se concentran cientos de conflictos que el propio gobierno fue desplazando hacia adelante. Comienzan las clases y está planteada una lucha por el salario al menos en seis provincias; los estatales y municipales deben hacer frente al congelamiento de los salarios ya fijado en los presupuestos; los aeronáuticos de Apta y Apla afrontan el vencimiento de su acuerdo por el salario (6 de marzo) y, ahora, el vaciamiento que viene orquestando AA; los trabajadores del subte van por salario, convenios y tercerizados; vence el convenio camionero, y, finalmente, los trabajadores telefónicos deben volver a salir a la lucha por Atento y los puntos pendientes (Rosario y Tráfico) del acuerdo firmado en diciembre.

 

El gobierno tiene una política

 

El gobierno está decidido, por sus intereses de clase y sus contradicciones, a reforzar la presión contra los aumentos salariales. El congelamiento ficticio de precios apunta a frenar el reclamo obrero. Moyano acaba de declarar que la CGT no hará ninguna acción de conjunto por el salario y que concentra sus reclamos en dos puntos: la elevación del mínimo no imponible al impuesto a las ganancias y un salario mínimo al nivel de la canasta de pobreza. Es la misma política de la dirección de la CTA. Sus dirigentes de ATE proponen un salario mínimo… de 835 pesos, alegando que los 1.800 pesos de mínimo son incompatibles con las diferencias en las escalas salariales que existen en las distintas jurisdicciones.

 

Para frenar las luchas obreras, el gobierno acentúa la tarea de cooptación de la burocracia. El abogado del sindicato de camioneros ha sido designado interventor de la Administración de Programas Especiales de Salud, desde donde se maneja la “caja” de las obras sociales —800 millones de pesos al año. Para reforzar la presión, K ha abierto una línea de negociación con los “gordos” enfrentados a Moyano.

 

La cooptación se extiende a la CTA: tiene en su conducción al flamante secretario de Vivienda y Hábitat, y a un director del Astillero Río Santiago.

 

El pacto funciona

 

Los “500 convenios” de 2005, en el 90% de los casos no han recuperado el nivel de los salarios de 2001, mucho menos han conseguido el mínimo de 1.800 pesos, y han preservado la flexibilidad laboral. La burocracia del Sindicato de la Alimentación (STA) está discutiendo un convenio a espaldas de las propias internas del gremio, reclama un mínimo de 1.400 pesos y tiene en consideración extender la multifunción que ya ha impuesto en algunas plantas. El sindicato de la pesca de Chubut (Stia), cuyos trabajadores protagonizaron la huelga de 38 días de mayo, plantea un mínimo de 1.300 pesos para las categorías 1 y 2, y acepta un ajuste por debajo de la carestía de la vida.

 

Gran parte de los “500 convenios” de 2005 se han firmado por un año sin cláusulas de movilidad de salarios, frente a una inflación proyectada del 15%. La burocracia ha pactado incluso la renuncia a afiliar a los que no se encuentran sindicalizados, a cambio del pago de una cuota mensual fijada por convenio a la totalidad del personal.

 

Nuestra política

 

Frente a la carestía de la vida los trabajadores no tienen otra salida que un salario mínimo (básico) de 1.800 pesos por ocho horas de trabajo, la escala móvil de salarios por inflación y la jubilación mínima del 82% ajustada también por inflación.

 

La clase obrera no está “preservada” frente a la carestía como sí lo están los industriales y supermercadistas que siguen subiendo los precios, o los banqueros o los acreedores que cuentan con títulos del Estado en pesos que se ajustan por inflación.

 

La lucha por el salario debe ir acompañada por el reclamo de la apertura de los libros de las empresas, para denunciar a la sociedad el exorbitante crecimiento de las ganancias capitalistas. En el conflicto planteado un año atrás, los delegados del subte exigieron la apertura de los libros y que se hiciera público el salario de los ejecutivos, y se declararon dispuestos a asumir la gestión de los subterráneos.

 

Las victorias arrancadas en varias luchas han popularizado los 1.800 de mínimo en toda la clase obrera. Han abierto una crisis en la burocracia de cara a sus propias bases: ¿por qué algunos 1.800 pesos y nosotros no?

 

Es necesario pelearle a la burocracia el monopolio de las negociaciones colectivas: los paritarios deben ser elegidos por los trabajadores y sometidos al dictamen de la asamblea general.

 

En base a la lucha por el salario, la recuperación de los sindicatos y los lugares y condiciones de trabajo, desenvolvamos todas las iniciativas de frente único.

 

Impulsemos movimientos de base —coordinadoras de lucha, asambleas o plenarios de delegados autoconvocados— y la construcción de agrupaciones sindicales clasistas y un congreso de trabajadores en lucha.