El gobierno ya tendría decidido derogar las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) después de las elecciones de octubre.

 

La suerte de las PASO parece echada. La jueza competente en materia electoral federal, María Servini de Cubría, se pronunció abiertamente por su derogación hace unas semanas. Los voceros oficiosos del Grupo Clarín se refieren a ellas como “engendro electoral”.

 

El final de las PASO sella su fracaso como tentativa de recomposición del sistema de partidos, tal como fueron concebidas.

 

Las PASO formaron parte de una “reforma política” promovida por los K a partir de 2009. Apuntaba a concentrar la disputa electoral al interior de los grandes partidos de la burguesía –Kirchner fantaseaba con parir un sistema político polarizado entre dos grandes frentes, uno de centroizquierda y otro de centroderecha–, garantizar la reelección de CFK –las ´colectoras´ y lemas no fueron derogados–, proscribir a la izquierda (piso del 1,5%) y regimentar el comienzo de la campaña electoral –mientras la propaganda oficial era incesante y se creaban nuevos “medios afines” de la mano de aventureros del tipo Szpolski.

 

Como era previsible, ninguna ley electoral sería capaz de revertir un proceso político cuyos fundamentos deben rastrearse en la desmoralización de las masas con los relevos constitucionales post dictadura –impunidad del aparato represivo, sometimiento al FMI, desocupación en masa, precarización laboral, pauperización de la clase obrera– por un lado, y en el peso de la bancarrota capitalista sobre los partidos patronales, por el otro. El desencanto de las masas con los partidos políticos se ha convertido en es el rasgo distintivo de un régimen cuya carta magna los consagra como “pilares fundamentales de la democracia”. Los programas, congresos y principios fueron reemplazados por los apetitos de camarilla, el marketing y el ´couching´ de candidatos. Sólo el Partido Obrero define aun hoy su política electoral y sus principales candidaturas en congresos, conferencias y plenarios como resultado de un debate político principista.  

 

Es un hecho significativo que quienes fueran los promotores de las PASO en nombre de la “participación ciudadana” –no olvidar que Macri emuló el modelo nacional y las instituyó para las elecciones porteñas a partir de 2015– hoy sean los más interesados en derogarlas y digitar los candidatos de sus respectivos espacios políticos.

 

Por un lado, la mentora de la “reforma política” que las parió, Cristina Fernández, abandonó el Partido Justicialista para postularse por una “Unidad Ciudadana” que improvisó juntando cuatro o cinco sellos de goma para no competir con Randazzo en las primarias del PJ. El hecho de que buena parte de los “barones del conurbano” hayan dado el salto con ella sin derramar una sola lágrima por el partido de Perón y Evita confirma que el PJ dejó de ser un partido hace mucho tiempo.

 

En cuanto a Macri, éste le cerró el paso en CABA a su ex embajador en Washington, Martín Lousteau, quien es apadrinado por la runfla radical de Emiliano Yacobitti y el Coti Nosiglia, para no alimentar a un posible competidor de Rodríguez Larreta en 2019.

 

En estos seis años de vigencia, las PASO nunca adquirieron relevancia política, salvo contadas excepciones –la interna del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, la del PJ bonaerense y la presidencial del Frente de Izquierda en 2015 probablemente hayan sido las únicas.

 

Su degeneración, inevitable, se manifiesta en la proliferación de maniobras para embolsar fondos del Estado, como las que ensayaron el neonazi Biondini y el inefable Ivo Cutzarida para este turno electoral, aunque finalmente no prosperaran.

 

De la mano de Macri, la derogación de las PASO estará asociada a una reforma aún más reaccionaria, como la que intentó hacer pasar a mediados del año pasado (ver “Una reforma electoral reaccionaria”, Prensa Obrera, 30/6/16), que reforzaba la injerencia estatal en la vida de los partidos y el financiamiento espurio de las campañas electorales.

 

Nuestro planteo: que se deroguen las PASO y sus pisos proscriptivos; que todos los partidos tengan derecho a participar en la elección general; que los padrones sean sometidos a la fiscalización previa de los representantes partidarios; y que la distribución de los recursos estatales y los espacios en los medios sean establecidos con criterios igualitarios por una comisión de los partidos que se presentan a los comicios.